Cándido Conde-Pumpido, nuevo presidente del Tribunal Constitucional

Madrid

Cándido Conde-Pumpido ha sido elegido finalmente presidente del Tribunal Constitucional tras imponerse a María Luisa Balaguer, ambos de sector progresista. El nuevo presidente ha contado con seis votos frente a los cinco de Balaguer, que ha tenido el apoyo de los cuatro votos conservadores y el suyo propio. El voto de María Luisa Segoviano, cuyo destino era la gran incógnita, ha sido decisivo.

Además, se ha designado a la magistrada progresista Inmaculada Montalbán vicepresidenta del órgano, lo que rompe la costumbre de que sea un magistrado del grupo minoritario, en este caso conservador, quien ocupe este lugar.

De hecho, el bloque conservador había postulado a Ricardo Enríquez, el magistrado de mayor antigüedad y edad, que ha logrado cinco votos. Este mecanismo se venía aplicando en los últimos años como una forma de lograr que las dos almas del TC tuvieran representación en la cúpula del TC, pero no siempre ha sido así, ya que hay precedentes de tándem procedente del mismo bloque. Fuentes de la corte de garantías ya advertían de que, si los magistrados conservadores no votaban al candidato que mayor consenso suscitaba en el sector progresista, incumpliendo así su parte del acuerdo tácito, la corriente mayoritaria se vería liberada del mismo.

Conde-Pumpido ha asegurado tras asumir el cargo que la "Constitución no permite ni la secesión ni la independencia ni la autodeterminación". Asume la Presidencia tras seis años como magistrado en el Tribunal Constitucional, órgano al que llegó en 2017 tras ser designado por el Senado. Desde mediados de 2022, cuando el TC vio caducar el mandato de cuatro de sus magistrados --incluido su presidente--, su nombre empezó a sonar como candidato a encabezar la corte de garantías, pero no ha sido hasta este miércoles que se ha hecho con el cargo.

La presidencia es clave en la organización y el funcionamiento del tribunal de garantías, ya que es la que propone el orden del día de los Plenos y, por tanto, tiene en sus manos llevar a deliberación las sentencias pendientes. Algunas de ellas llevan más de una década pendientes, como ley del aborto, en espera de lograr un amplio consenso de los integrantes del tribunal.

Conde-Pumpido y Montalbán sustituirán a Pedro González-Trevijano y Juan Antonio Xiol, respectivamente, que abandonaron sus cargos el pasado lunes, junto a Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, con la renovación parcial del TC, que estaba pendiente desde el pasado 12 de junio.

La falta de acuerdo en el bloque progresista

La falta de acuerdo en el bloque progresista ha obligado a que el pleno tomara hoy la decisión. La reunión de este martes del sector progresista terminó sin acuerdo, dado que ninguno de los dos candidatos dio un paso al lado, lo que amenazó con provocar una fractura en este grupo.

Previamente, las fuentes habían señalado la necesidad de acudir al pleno con una candidatura de unidad y que, preferentemente, fuera María Luisa Balaguer la que retirara su candidatura. Conde Pumpido siempre ha sido el candidato nato del bloque progresista.

Los grandes temas pendientes

La nueva mayoría progresista tiene que debatir temas muy importantes, algunos encallados desde años. Se acumula el retraso y, en muchos casos, se trata de leyes sociales ya en vigor que están pendientes de los recursos de la derecha y la extrema derecha. Repasamos algunas de ellas:

La ley de Eutanasia: en vigor desde hace 1 año, recurrida por el PP y Vox. El Constitucional sí que rechazó la petición de que no entrara en vigor.

La ley del Aborto: hay un recurso contra la ley de Zapatero desde 2010.

La ley de Educación, conocida como ley Celáa: introducida en 2020, con el borrador preparado desde hace 1 año y recurrida también por PP y Vox. También debe pronunciarse sobre la educación del castellano en Cataluña y sobre la educación sexual que ha recurrido la extrema derecha.

La reforma laboral: aprobada por los pelos y porque el diputado del PP Alberto Casero se equivocó. El diputado ha recurrido junto a PP y Vox.

También el modelo de nombramientos en el Poder Judicial y las enmiendas sobre la renovación del propio Constitucional. Además, Isabel Díaz Ayuso se sumó también a la oleada de recursos, en su caso, contra el decreto de ahorro energético del Gobierno.

Según la última memoria del propio órgano, hay casi 5.000 asuntos pendientes de admisión y más de 200 que aún no tienen sentencia.

Cándido Conde-Pumpido, el magistrado del ala progresista que ahora preside el Tribunal Constitucional (TC), fue fiscal general del Estado con el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se opuso --durante su etapa en el Tribunal Supremo-- a la imputación del expresidente del Gobierno Felipe González por el 'caso GAL' y se mostró --como magistrado del TC-- en contra de considerar inconstitucionales varios apartados del estado de alarma que dictó el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la pandemia del coronavirus.

Este miércoles, Conde-Pumpido ha resultado elegido como presidente del órgano de garantías en el primer Pleno celebrado tras la renovación parcial del tribunal, que tuvo lugar el pasado lunes cuando los cuatro nuevos magistrados del Constitucional tomaron posesión de sus cargos y alteraron, con su llegada, el sistema de mayorías de la corte para dar ventaja al bloque progresista sobre el conservador.

Asume la Presidencia tras seis años como magistrado en el Tribunal Constitucional, órgano al que llegó en 2017 tras ser designado por el Senado. Desde mediados de 2022, cuando el TC vio caducar el mandato de cuatro de sus magistrados --incluido su presidente--, el nombre de Conde-Pumpido empezó a sonar como candidato a encabezar la corte de garantías, pero no ha sido hasta este miércoles que se ha hecho con el cargo.

FISCAL GENERAL DEL ESTADO CON ZAPATERO

Conde-Pumpido (A Coruña, 1949) pertenece a una larga familia de juristas. Fue fiscal general del Estado entre 2004 y 2011, a propuesta del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Es quien más tiempo ha ostentado este cargo.

En esos siete años que estuvo al frente del Ministerio Público, se llevó a cabo la instrucción de numerosas causas de corrupción: la relativa al 'caso Malaya', en la localidad malagueña de Marbella; la del 'caso Palma Arena', que comenzó a investigarse en 2008; y la de la trama 'Gürtel', relacionada principalmente con el PP de Madrid y Valencia.

En sus primeros años como fiscal general, la Fiscalía triplicó la presencia de fiscales en la Audiencia Nacional especializados en terrorismo islamista, tras los atentados del 11-M. De su mandato se recuerdan, entre otras, la ya famosa frase que pronunció durante una tregua de ETA y la negociación del Gobierno con la organización terrorista de que había que "mancharse las togas con el polvo del camino".

También causaron polémica unas declaraciones suyas, durante un desayuno informativo de Europa Press el 16 de abril de 2009, cuando denunció que la Fiscalía se tenía que apoyar únicamente en la Guardia Civil en relación a las listas que periódicamente pretendía presentar a las urnas el entorno de ETA, ya que la Policía, según dijo, sólo respondía a las peticiones del juez instructor, en clara referencia al exmagistrado Baltasar Garzón.

Magistrado del Supremo

Conde-Pumpido también fue magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde destacó por su oposición a la imputación del expresidente del Gobierno Felipe González por el 'caso GAL'.

Fue ponente de sentencias como la del 'caso Roldán' en 1999, en la que se elevaba la condena al exdirector general de la Guardia Civil de 28 a 31 años. Y llevó a cabo la instrucción de la causa contra la fallecida exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la 'Operación Taula' derivada del 'caso Imelsa'.

En la lista de casos en los que ha participado consta también el relativo a la privatización de la empresa textil Intelhorce y el caso del expresidente del Gobierno de Navarra Gabriel Urralburu, por el cobro de comisiones ilegales de constructoras.

Además, Conde-Pumpido formó parte del tribunal que condenó, entre otros, al exministro del Interior José Barrionuevo, por el 'caso Marey'. También integró la Sala que ratificó la condena de cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a Alfonso Fernández Ortega, 'Alfon', al considerar que el explosivo que portaba durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012 "estaba destinado a causar graves lesiones e incluso la muerte de una o varias personas que se encontrasen cerca en el momento de la explosión".

El ahora presidente del TC fue, a su vez, ponente de la inadmisión de la querella presentada contra el expresidente de Extremadura José Antonio Monago, por los 32 viajes que realizó a Canarias entre 2009 y 2011. En este caso, el Tribunal Supremo aconsejó la conveniencia de establecer una regulación "suficientemente precisa" de los viajes realizados por los parlamentarios para evitar "cualquier duda" del correcto empleo de los fondos públicos.

A lo largo de su carrera también fue portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Estuvo destinado en la Audiencia Provincial de San Sebastián y posteriormente fue presidente de la Audiencia Provincial de Segovia.

Seis años en el TC

En sus seis años en el Constitucional, Conde-Pumpido ha sido ponente de varias sentencias. La relativa a la causa del asalto al Parlament de Cataluña en junio de 2011 fue rechazada. En 2019, el magistrado abogó por la absolución de los condenados al considerar que se vulneraron sus derechos. Finalmente, el Pleno dejó la ponencia en manos del magistrado Antonio Narváez, que era favorable a las condenas dictadas por el Supremo.

También ha redactado varios votos particulares para dejar constancia de su discrepancia con algunas decisiones adoptadas por la mayoría del Pleno, hasta ahora conservador.

En el verano de 2021 mostró su oposición a la sentencia que declaró inconstitucionales determinados aspectos del primer decreto de estado de alarma por la pandemia de COVID-19. En el marco de aquel debate, se vio involucrado en una polémica por la que pidió disculpas públicamente a sus compañeros del tribunal por algunas expresiones vertidas en un borrador de su voto discrepante.

Dichas expresiones, en las que se refería a sus compañeros como autores de una sentencia "más propia de un lego que del máximo interprete de la Constitución" e incluso como "juristas de salón", fueron eliminadas del voto que sumó y notificó junto a la sentencia que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Al margen, Conde-Pumpido también se mostró en contra de la decisión del Pleno de paralizar la tramitación parlamentaria de dos enmiendas impulsadas por el PSOE y Unidas Podemos por las que se buscaba modificar el sistema de elección de los candidatos al tribunal que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El pasado diciembre, el magistrado aseguró --junto a otros magistrados progresistas-- que la decisión fue "insólita en la historia del Tribunal Constitucional" porque constituyó "una interferencia sin precedentes en la función legislativa". Lamentó que la deliberación y resolución de este asunto generara una división en dos bloques de los miembros del TC que trasladó a la opinión pública "una imagen de mimetismo o seguidismo del (...) del conflicto político partidista".

Además, Conde-Pumpido se mostró en contra de la prisión permanente revisable al considerar que es una medida que atenta contra el principio de la dignidad humana.

Se opuso también a la sentencia del Constitucional sobre el impuesto de plusvalías porque, a su juicio, "provoca un vacío normativo innecesario y desequilibrado que beneficiará a quienes, aún habiendo obtenido importantes plusvalías, no se verán obligados a pagar el impuesto". Para el magistrado, se debería de haber dado un plazo al legislador para que pusiera en marcha un sistema alternativo al actual.

La magistrada granadina Inmaculada Montalbán (Iznalloz, 1959), nueva vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), ha sido presidenta de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, hasta 2021. También ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del Senado en el periodo 2008-2013; además de presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial y del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ. También ha sido consejera del Consejo Social y Económico de la Universidad de Granada (2017-2018).