Tribunales

El juez Llarena ultima el auto para formular la nueva acusación a Puigdemont y el resto de fugados por el referéndum del 1-O

La derogación de la sedición abre la puerta a atribuir desórdenes públicos agravados y desobediencia a los líderes del 'procés'

Violeta Gumà ACN

Madrid / Barcelona

El juez Pablo Llarena ultima el auto para reformular la acusación contra los líderes independentistas que se fugaron tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, tras la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y rebaja las penas por el delito de malversación cuando no haya lucro personal o a favor de un tercero. Llarena estudia si el nuevo delito de desórdenes públicos encaja en los hechos probados de la sentencia para poder atribuirselo a Carles Puigdemont, Toni Comin, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Lluis Puig.

Fuentes del alto tribunal consultadas por la Cadena SER ven difícil el encaje, pero recuerdan que sí que existió un delito de desobediencia por el que se condenó a otros tres dirigentes a penas de inhabilitación. El delito de desobediencia fluye de los hechos probados de la sentencia, recuerdan estas fuentes. Este delito permitiría mantener la acusación por el delito de malversación, en contra de la tesis de las defensas de los acusados.

Tal y como ya contó la Cadena SER el pasado mes de diciembre, los abogados de los líderes independentistas harán una petición de máximos. Consideran que la reforma del código penal despenaliza el 'procés'. Se deroga el delito de sedición por el que fueron acusados y la sentencia consideró que la malversación fue un medio para cometer un delito que ya no existe. En el peor escenario admiten la inhabilitación de uno a tres años porque consideran que no hubo entorpecimiento de los servicios públicos.

Sin embargo, también la Fiscalía estudia una petición de máximos. Estudia atribuir los delitos de desórdenes públicos agravados, desobediencia y malversación para los dirigentes que desviaran dinero público. Las penas por inhabilitación podrían alcanzar los ocho años con lo que en el caso de Oriuol Junqueras no podría presentarse a las elecciones del año 2025.

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