Tribunales

Puigdemont recurrirá ante el Supremo su procesamiento por malversación

El expresident alegará su inmunidad contra las órdenes nacionales de detención dictadas por el juez Llarena

Imagen de archivo de Carles Puigdemont / Violeta Gumà ACN

Barcelona

El expresident catalán Carles Puigdemont recurrirá su procesamiento por malversación y desobediencia, dictado ayer por el juez instructor del `Procés’, Pablo Llarena. El auto adapta la acusación contra Puigdemont al nuevo código penal, que elimina la sedición e introduce cambios en la malversación. Según fuentes de la defensa del expresident, alegará su inmunidad contra las órdenes nacionales de busca y captura, y rechazará que se aplique el tipo agravado de malversación, a pesar de que en el 1 de octubre, según las mismas fuentes, no hubo ánimo de lucro personal.

Con la interpretación de la reforma, Llarena acusó a Puigdemont de desobediencia, un delito castigado con multa e inhabilitación de 6 meses a 2 años, en sustitución de la sedición, que estaba penada con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación. Sin embargo, sí mantuvo intacta la acusación por malversación contra el expresident, además de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.

A pesar de la reforma de la malversación, que rebaja las penas en los casos donde no hay enriquecimiento personal, el magistrado mantiene procesado a Puigdemont por la versión agravada de este delito económico, que acarrea penas de 4 a 8 años, que pueden llegar hasta 12 años de prisión "si el valor del perjuicio causado excediere de 250.000 euros". Llarena entiende que apreciarse ánimo de lucro cuando "se dispone de los bienes públicos como propios y se apartan de su destino para la obtención de un beneficio particular". Para la defensa del expresident, la lectura del magistrado supone, de facto, “derogar la reforma de la malversación”.

Además de cuestionar la interpretación que hace el Supremo de la malversación, el abogado de Carles Puigdemont esgrimirá la inmunidad que la justicia europea le ha concedido cautelarmente para denunciar, de nuevo, una vulneración de derechos por parte del instructor. Según fuentes de la defensa, Llarena no debería dictar, como hizo ayer en el auto, una orden de busca y captura a nivel nacional contra el expresidente catalán, ya que goza de protección como eurodiputado, al menos hasta que el Tribunal General de la Unión Europea dicte sentencia sobre su inmunidad.

Llarena enfría las expectativas de los líderes independentistas y la fiscalía

No es casual que el instructor del ‘Procés’ fuera ayer el primero en pronunciarse. El escrito del magistrado impone una primera lectura sobre cómo deben castigarse los hechos del 1 de octubre con el nuevo Código Penal. Ello supone un precedente importante para la sala segunda del Supremo, que preside Manuel Marchena y que deberá decidir cómo quedan las condenas de los líderes independentistas que sí fueron juzgados y condenados por sedición.

El Supremo dio ayer un plazo de ocho días a las partes para pronunciarse. Defensas y acusación preparan ya sus propuestas, que inicialmente diferían de lo que planteó el juez Llarena. Su interpretación da una de cal y una de arena para ambas partes y enfría sus expectativas.

Al mantener la malversación en su horquilla de penas más alta, aleja la esperanza de los líderes del ‘Procés’ de ver eximida su responsabilidad y, por lo tanto, agotada la inhabilitación. Esto aleja la posibilidad de que Oriol Junqueras o Jordi Turull, ambos condenados por sedición y malversación y al frente de Esquerra y Junts, respectivamente, puedan presentarse a las próximas elecciones.

Por otro lado, el hecho que Llarena descarte acusar a los líderes del ‘Procés’ por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados también hace rechinar la propuesta de máximos que estudiaba la fiscalía para mantener a los condenados inhabilitados casi una década más.

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