Conde-Pumpido impulsa al Tribunal Constitucional

Madrid

Acometer con diligencia las obligaciones profesionales no debiera ser digno de mención. Y por supuesto, tampoco objeto de noticia. Pero en el caso del Tribunal Constitucional, la atonía de los últimos años de presidencias conservadoras condujo a postergar la resolución de recursos y la emisión de sentencias hasta tal punto que el presidente saliente Pedro González-Trevijano, en el cargo poco más de un año, solo pudo citar tres en su discurso de despedida, y será recordado por declarar la inconstitucionalidad del Estado de Alarma, además de por la polémica final, cuando en contra del letrado principal del Tribunal de Garantías y de su Fiscalía, impidió al Senado votar la reforma legal que iba a modificar las normas de elección de magistrados a ese mismo tribunal, en una decisión sin precedentes y por la que se hallaba directamente afectado.

El plan de Conde-Pumpido

Una actividad escasa que se ha traducido en que los magistrados solo resuelven 100 de los 7.000 recursos de amparo presentados cada año en el Constitucional, o que durante años hayan dormido en un cajón recursos a leyes clave para los ciudadanos.

El nuevo presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, se ha propuesto cambiar la situación y en solo cinco días desde su toma de posesión ya ha diseñado un plan mediante el que quiere resolver en poco más de un mes aquellos recursos retrasados durante años y que revisten una “mayor repercusión social y política”.

De este modo, durante el primer pleno del próximo mes de febrero, tal y como avanzó la Cadena SER, Cándido Conde-Pumpido ha comunicado a los magistrados que tiene previsto resolver el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular contra la ley del aborto de 2010, presentado hace más de 12 años.

Durante el segundo pleno de febrero, a celebrar entre el 21 y el 23 de ese mes, los magistrados abordarán los recursos de PP y Vox a la ley de eutanasia, más de dos años después de su presentación, y en el primero de marzo los recursos a la ley de educación de hace tres años, de nuevo presentados por las mismas formaciones políticas.

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Reestructuración y reparto de ponencias

En los meses siguientes, el pleno abordará la devolución del escaño al exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez o los recursos contra la reforma laboral, entre otros.

Durante el primer pleno gubernativo celebrado este martes, Conde-Pumpido ha reestructurado también las salas y secciones del tribunal, que tendrán garantizada la mayoría progresista, y asignado las ponencias de los magistrados salientes a los recién nombrados y los que siguen en sus puestos.

Así, los asuntos que estaba estudiando el magistrado Santiago Martínez-Vares son asumidos por María Luisa Segoviano, que de este modo será la encargada de elevar a pleno el recurso de amparo de Alberto Rodríguez.

Las ponencias del exvicepresidente Juan Antonio Xiol serán para César Tolosa, que entre otros analizará el recurso contra el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial cuando se encuentra en funciones.

Los temas que llevaba el expresidente González-Trevijano, como el presentado por el PP contra el decreto de la Generalitat de Catalunya para la creación del Fondo Complementario de Riesgos, recaen en el magistrado Juan Carlos Campo; y los del magistrado Antonio Narváez son heredados por Laura Díez, como el recurso contra la ley de educación o la revisión de los proyectos lingüísticos en los centros educativos de Catalunya.

Nueva etapa

El nuevo presidente del Tribunal Constitucional está decidido a abrir una nueva etapa con el objetivo de obtener “propuestas razonadas en un tiempo razonable”, evitar redundancias para ganar en agilidad, acercar el tribunal a los ciudadanos con sentencias inteligibles o acabar con el sistema de bloques políticos, así como reconducir las relaciones con la magistrada progresista María Luisa Balaguer, afectada todavía después de perder su carrera a la presidencia al quedarse aislada con el único respaldo de la minoría conservadora.

El renovado Tribunal Constitucional aspira a algo tan elemental e infrecuente en la administración de justicia como “ponerse al día”. Simplemente “trabajar y poner la institución al servicio de los ciudadanos”, en palabras del nuevo equipo.

Dos años y medio de mandato para convertir en rutinaria la excepcionalidad.