El Gobierno entiende que Castilla y León "acata el requerimiento" aunque seguirá "vigilante" tras el plan antiaborto de Vox

Madrid

El Gobierno da por zanjado el protocolo antiaborto de Castilla y León al entender que "acata el requerimiento" que fue enviado para que diera marcha atrás en sus planes. El comunicado hecho público esta mañana por la Presidencia del Gobierno dice que "considera que el ejecutivo autonómico ha acatado formalmente el requerimiento realizado por haberse abstenido esa comunidad autónoma de adoptar y aplicar, o por haber dejado sin efecto, aquellas actuaciones materiales, protocolos, acuerdos, instrumentos o comunicaciones que, invadiendo las competencias estatales, incumplieran la normativa estatal y menoscabaran los derechos de las mujeres protegidos por nuestro ordenamiento jurídico".

"Este escrito de acatamiento formal ante los requerimientos efectuados por el Gobierno de España supone una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada por el gobierno de Castilla y León de proceder según lo anunciado el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores", escribe el Gobierno.

El Gobierno de España reitera su preocupación por los anuncios y declaraciones de los máximos responsables de la Junta de Castilla y León por lo que anuncia que remitirá una carta al Consejero de Presidencia de la Junta en la que se le recordará nuevamente que "resulta contrario a la legalidad vigente y a nuestro orden constitucional de distribución de competencias que una comunidad autónoma adopte cualquier medida encaminada a obligar, indicar, ofrecer, recomendar o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término, la utilización de cualquier tipo de prueba ecográfica (como la Eco Doppler) fuera de las indicaciones avaladas por la evidencia científica y recogidas en las guías de práctica clínica.

"Este escrito de acatamiento formal ante los requerimientos efectuados por el Gobierno de España", prosigue el comunicado, "supone una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada por el Gobierno de Castilla y León de proceder según lo anunciado el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores".

Nueva misiva

Sin embargo, apunta el Gobierno, en su comparecencia de este jueves, Fernández Carriedo afirmó lo contrario de lo que se recoge en la respuesta oficial de la Junta, al prometer que las medidas en cuanto a ecografías 4-D y la posibilidad de escuchar el latido del embrión seguían vigentes.

En la misiva, el Ejecutivo se trasladará que, si pese al acatamiento formal del requerimiento remitido, decide actuar al margen del actual marco normativo "el Gobierno de España actuará, como hasta la fecha, en defensa de sus propias competencias y del ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las mujeres castellanoleonesas". Además, concluye que se reserva "la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas".