Más de 700 Letrados de la Administración de Justicia se cogen vacaciones el día de la huelga

Madrid

Tres asociaciones de letrados de la administración de justicia han iniciado este martes una huelga indefinida porque reclaman la subida salarial que, según sostienen, no ha llegado desde que en el año 2009 les atribuyeron nuevas funciones. El Ministerio califica la huelga de "política" porque este sector acumula subidas de sueldo del 14% en el último año y medio. El Gobierno ha afirmado que el seguimiento ha sido mínimo y que no ha llegado al 30%. Además, fuentes del Ejecutivo señalan que 711 profesionales se pidieron el día o cogieron vacaciones coincidiendo con el día de huelga. Un 15% del total que no perderán el día de sueldo. El salario de estos funcionarios oscila entre los 39.000 y los 59.000 euros anuales.

Los convocantes, sin embargo, cifran el seguimiento en un 81%. A pesar de la guerra de cifras, el seguimiento está siendo desigual. En la Audiencia Nacional solo 6 de los 41 letrados ha secundado la huelga y no se ha visto afectada la actividad ordinaria. Al contrario que en la Audiencia Provincial de Madrid donde diez de las quince secciones de lo penal se han visto afectadas y las asociaciones hablan de un 67% de seguimiento.

Las asociaciones sostienen que los 45.000 millones de euros que hay en las cuentas que manejan los juzgados están congelados por esta huelga indefinida y que se verán afectados los trámites de los registros civiles; bodas, nacimientos o el pago de pensiones.

Cerca de 4.000 letrados de la Administración de Justicia están, por tanto, llamados a la huelga a partir de este martes sin fecha para su finalización. Reclaman adecuación salarial y esgrimen que llevan "asumiendo nuevas funciones procesales y responsabilidades desde el año 2009 en Juzgados y Tribunales" constituyendo desde entonces los máximos responsables del impulso y funcionamiento efectivo de los juzgados. Sin embargo, denuncian, hasta la fecha dicha responsabilidad y carácter directivo no ha sido remunerado, constituyendo los funcionarios de la Administración del Estado de mayor rango (nivel A1) con una desigualdad salarial de 1.000 euros con respecto a los de la misma clase como jueces y fiscales.