El Congreso ha votado este martes los dos decretos leyes relativos al último paquete de medidas económicas para paliar la crisis derivada de la guerra en Ucrania y de los nuevos incentivos para la contratación laboral. Así, el Gobierno ha conseguido los apoyos para convalidar el nuevo decreto anticrisis con la abstención de ERC, PP y Vox. Solo siete diputados, los de Junts y Teruel Existe, han votado en contra del escudo social que contempla la rebaja del IVA de los alimentos básicos o un cheque de 200 euros para familias vulnerables. Los diputados han acordado además que el decreto se tramite como proyecto de ley. Ambos decretos leyes están en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero en los 30 días siguientes deben ser examinados por el Congreso para decidir si los convalida o los deroga. Esta vía legislativa, que otorga al Gobierno todo el protagonismo, se reserva para asuntos de urgencia y permite al Ejecutivo ahorrarse la petición de informes a órganos consultivos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido para dar cuenta de los acuerdos adoptados en el último Consejo Europeo y de las medidas anticrisis del Gobierno, y ha reivindicado el apoyo de España a Ucrania ante la guerra de Putin. «Estamos viendo movimientos reaccionarios que proponen cierres de fronteras y autocracias y junto a ellos reaparecen los profetas del apocalipsis», ha señalado como alusión a la invasión rusa. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha explicado en la tribuna que el objetivo del Gobierno es «proteger a las familias y a las empresas mientras dure la guerra». Ha recordado las políticas de austeridad llevadas a cabo por el Gobierno del PP en la anterior crisis en contraposición a las que ahora se llevan a cabo: «Buscamos una salida justa, socialista y progresista». «Es difícil decir que no a este elenco de medidas a no ser que lo que se quiera sea hacer daño al Gobierno», ha expresado Bolaños para añadir que «deberían apoyarlas por patriotismo y sentido común». El también ministro de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha remarcado que la situación «es compleja» y «quedan incertidumbres por despejar», pero ha añadido que «la sociedad debe tener la certeza de que por cada incertidumbre el Gobierno aportará una seguridad». En este sentido, ha querido transmitir la idea de que el Ejecutivo hará «lo que sea preciso para proteger a las familias y empresas mientras dure la guerra». Bolaños ha detallado las medidas, que se dividen en siete bloques, con los siguientes objetivos: proteger la economía familiar, abaratar el coste de la vivienda, fomentar el uso del transporte público, hacer frente a la subida del precio de la energía y proteger a los sectores más afectados por guerra en Ucrania. El decreto también incluye medidas para continuar ayudando a los habitantes de La Palma y otras destinadas a aquellas personas que sufrieron los incendios forestales. «Este Gobierno protege a la clase media y trabajadora» y trabaja por «una salida justa de la crisis», ha recordado Bolaños, quien ha apuntado que «había otra forma de actuar, de gobernar, que incluía recortes, austeridad, defender los intereses de poderosos y no de las mayorías». Por un lado, el paquete de medidas anticrisis incluye una serie de prórrogas de rebajas fiscales en el área energética, ayudas directas a familias vulnerables y la eliminación del IVA en determinados alimentos. En concreto, el decreto suprime el IVA del 4% en los alimentos básicos y reduce del 10 al 5% el mismo impuesto en el aceite y la pasta, elimina la bonificación generalizada a los carburantes --que pasa a beneficiar solo a conductores profesionales-- y aprueba ayudas de 950 millones de euros a la industria gasintensiva. A su vez, el paquete contempla un cheque de 200 euros a familias de renta baja. En principio, la convalidación de este decreto no corre peligro para el Gobierno de coalición, porque el PP ha avanzado que no se opondrá, ya que asume buena parte de las medidas o, en todo caso, las considera insuficientes. Eso sí, los «populares» han tendido la mano al Gobierno, y más en concreto al PSOE, para incluir también rebajas en el IVA de carnes y pescados o la deflactación del IRPF para las rentas inferiores a 40.000 euros anuales. El otro decreto ley reordena los incentivos a la contratación, introduce nuevas bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social e incluye una nueva prestación de desempleo para los empleados del sector cultural. Las nuevas bonificaciones que se incluyen en la ley oscilan entre los 55 y los 366 euros mensuales a favor de la empresa y se refieren principalmente a contratos indefinidos. Además, se introducen dos bonificaciones para trabajadores autónomos, una primera del 50% de la cotización en contingencias para trabajadores de Ceuta y Melilla y otra del 100% de los trabajadores del mar en caso de nacimiento o adopción. A su vez, se introduce una nueva bonificación de 366 euros en las cotizaciones en los casos de contratos temporales que se celebren con personas jóvenes desempleadas y menores de 30 años para sustitución de trabajadoras embarazadas o durante los permisos de maternidad o paternidad. Este último punto ha originado el rechazo del PP, que ha calificado la medida como un «ataque a la igualdad de oportunidades» porque sólo cubre la mitad de las aportaciones que la empresa tiene que abonar por la persona trabajadora, frente a la anterior bonificación del 100%. Por otra parte, la nueva prestación para artistas viene de un acuerdo alcanzado en la Comisión de Cultura, por lo que no debería tener problemas para ser convalidado, pero desde el PP ya han criticado la forma elegida por el Gobierno, el decreto ley urgente, pues algunas de sus medidas no van a empezar a aplicarse hasta dentro de seis o nueve meses, tiempo más que suficiente para haberlo tramitado por el procedimiento normal. Es más, los «populares» no descartan la presentación de un recurso de inconstitucionalidad para dejar en evidencia lo que consideran un abuso del mecanismo del decreto ley.