La Audiencia Provincial de Madrid condena a la empresa de Rocío Monasterio por la "obra ilegal" del loft de Arturo Valls

Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid da la razón a Arturo Valls y condena a la empresa de Rocío Monasterio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, por realizar una “obra ilegal”. La reforma se hizo “vulnerando la legalidad urbanística”, según la sentencia. Y la empresa de Monasterio la llevó a cabo siendo “consciente de su ilegalidad”. Era necesaria una licencia y se hizo sin haberla obtenido.

El recorrido judicial del caso empezó en noviembre de 2019, cuando Arturo Valls demandó a Rocío Monasterio. Pero la historia se remonta a abril de 2005, tal y como contó El País. El actor y presentador contrató entonces al estudio Rocío Monasterio y Asociados para rehabilitar un local en el barrio madrileño de Lavapiés, en el número 7 de la calle Rodas. El objetivo de la obra era reformar el local comercial para convertirlo en una vivienda. La Audiencia confirma ahora que la rehabilitación se hizo de manera irregular, sin recabar los permisos municipales necesarios.

La licencia se solicitó en junio de 2005, según figura en el fallo, pero fue archivada. El estudio “se desentendió de su tramitación”, mientras seguía adelante con la obra.. La empresa de la ahora diputada de Vox no contestó a los requerimientos de los servicios técnicos de la Junta Municipal de Distrito Centro. Sin embargo, en su página web, el estudio de Monasterio sí utilizaba la rehabilitación de ese loft como reclamo, afirmando haber tramitado el cambio de uso. “En pleno Rastro de Madrid encontramos un local en pésimo estado, repleto de estanterías y de objetos almacenados que no permitían ni apreciar el espacio”, se podía leer. “Se demolió toda la tabiquería, se abrió al patio antes existente y se tramitó el cambio de uso a vivienda”. La página web está, en este momento, deshabilitada.

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La defensa de la líder de Vox interpuso un recurso de apelación ante la resolución que se dictó en primera instancia, el 8 de julio de 2021. Argumentaba, entonces, que el “objeto principal” del contrato no era el cambio de uso de local a vivienda, sino las “obras de rehabilitación”. El tribunal, en cambio, entiende que es “indudable” que en el contrato se incluía esa tarea, necesaria para llevar a cabo la obra. En noviembre de 2022 la Audiencia Provincial desestimó el recurso y ratificó la condena. “Corresponde a la parte apelante, como profesional, no iniciar dichos trabajos sin la obtención de dichas licencias”, argumenta el tribunal.

El tribunal considera, por lo tanto, que el estudio de la diputada de ultraderecha, incumplió el contrato y condena a la empresa a pagar la sanción administrativa (3.838,49 euros) y los costes de demolición (4.205 euros). En total, 8.043,49 euros a pagar de forma solidaria, porque la constructora - Diseño de Ambientes para el Confort S.L - también ha sido condenada. El tribunal condena, además, a ambas a ejecutar las obras necesarias para adecuar el local “a la legalidad urbanística”.

Valls, según figura en el fallo, pagó un total de 116.000 euros por la rehabilitación del local y, en la demanda, solicitaba que se le devolviera todo lo abonado. En esto, sin embargo, el tribunal no le da la razón al actor. Argumenta que, aunque la obra es ilegal, “ha redundado en beneficio de la propiedad, habiendo otorgado al inmueble mayor valor tras la rehabilitación efectuada y habiendo obtenido un beneficio directo mediante el arrendamiento del mismo".

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Contra la sentencia, dictada el 22 de noviembre de 2022 por la Audiencia Provincial de Madrid, cabe recurso ante el Tribunal Supremo. El presentador, contactado por la Cadena SER, prefiere no hacer comentarios hasta que los tribunales terminen su trabajo. La sentencia no es firme. La diputada, según confirma su equipo, ya ha interpuesto recurso.

El caso lo desveló El País en noviembre de 2019, junto con otros en los que el modus operandi, según este periódico, era el mismo: construir una vivienda en suelo industrial sin tener la licencia adecuada. Además, como contó elDiario.es, también las obras de la residencia de Rocío Monasterio y del diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, incumplieron con los permisos necesarios. El chalet, en el distrito de Chamartín en Madrid, no tenía la licencia de primera ocupación. El Ayuntamiento de Madrid llegó a ordenar, incluso, la clausura de la mansión.