Las rebajas a violadores en aplicación de la ley del 'solo sí es sí' superan las 300

Madrid

La Justicia continúa revisando las condenas a agresores sexuales en aplicación de la ley del solo sí es sí y las rebajas de condena ya superan los 300 casos, después de que este lunes se hayan comunicado 60 nuevas revisiones a la baja. Andalucía ha revisado 43 condenas y las otras 17 se las han repartido entre la Comunidad Valenciana, Canarias, País Vasco y Navarra.

Ya ha habido revisiones a la baja en las 17 comunidades autónomas en aplicación de la ley más favorable al reo. De los más de 300 casos, 23 han supuesto la excarcelación del violador, según informa Europa Press. Las Audiencias Provinciales empezaron con el goteo de rebajas el pasado mes de octubre. En noviembre, el Tribunal Supremo se pronunció por primera vez con el caso de la Arandina. El alto tribunal elevó la condena a los dos futbolistas que agredieron a una menor, pero lo hicieron menos de lo que hubiera correspondido aplicando la legislación anterior. La sala estableció que la ley era de aplicación obligatoria siempre que fuera más favorable al reo.

Cambios en la ley

En todo este contexto, el Ministerio de Justicia propone efectuar cambios en la norma vigente y recuperar las penas del anterior código penal para evitar las rebajas a violadores en los casos más graves. El documento del departamento que dirige Pilar Llop, al que ha tenido acceso la Cadena SER, reclama volver a penas de entre 1 y 5 años cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima y de entre 6 y 12 años en esos mismos casos cuando la agresión sexual sea con penetración.

En los supuestos en que haya agravantes también pide volver a las penas anteriores de entre 5 y 10 años cuando no haya penetración y de entre 12 y 15 cuando sí la haya. La propuesta es extensible a los casos en los que la víctima sea menor. El propio texto reconoce que persigue "sancionar en los mismos términos que venían siendo castigados antes" las agresiones sexuales en las que medie violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima. De esta forma, añade, se copia para los mayores de edad el mismo modelo que la ley ya prevé en los casos de menores de 16 años.

Igualdad rechaza la propuesta porque supone volver al sistema anterior. Fuentes del departamento que dirige Irene Montero sostienen que poner en foco la violencia y la intimidación, desplaza como eje de la ley al consentimiento. Insisten en que el problema no es la ley, sino la aplicación de la misma. La formación en este momento estaría dispuesta a incluir en el texto una interpretación correcta para evitar que los tribunales, como sostienen está pasando, opten por la pena más baja.