Irán indulta a decenas de miles de prisioneros que participaron en las protestas por la muerte de Mahsa Amini
El ayatolá Alí Jameini, líder supremo de la República Islámica, ha aceptado la propuesta del Poder Judicial que pedía conceder la amnistía a muchos de los imputados o encarcelados coincidiendo con el aniversario de la revolución islámica que les llevó al poder
El líder supremo de la República Islámica de Irán, Alí Jamenei / Anadolu Agency
Madrid
El líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha aprobado la propuesta de la Judicatura del país que pedía indultar o reducir la pena de gran número de los acusados y condenados por participar en la ola de protestas que contra el régimen islámico despertó el pasado septiembre la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, que había sido detenida por llevar mal colocado el velo.
La amnistía se concederá con motivo de la celebración el próximo 11 de febrero del 44 aniversario de la revolución islámica que llevó a los ayatolá al poder del país persa. Jameini ha indultado a decenas de miles de hombres y mujeres haciendo uso del artículo 110 de la Constitución de la República Islámica que atribuye al líder supremo "el derecho de indultar o reducir las sentencias de los condenados por recomendación del titular del Poder Judicial", como así ha sido.
El líder de Irán ultima la amnistía para varios participantes de las protestas de Mahsa Amini
La propuesta de amnistía ha sido formulada por el jefe de la Judicatura, Gholamhosein Mohseni Ejei, quien trasladó a Jameini a través de una carta la circunstancia de que un número muy importante de los encarcelados se mostraban arrepentidos de sus crímenes y han pedido perdón "tras la divulgación de las tramas urdidas por los enemigos extranjeros y las corrientes antirrevolucionarias y antipopulares". Las condiciones establecidas para los indultos establece que puede ser concedida a todo aquel imputado o condenado que no haya cometido espionaje, homicidio doloso o lesiones, ni destrucción de la propiedad pública.
La cúpula islámica que gobierna Irán ha sostenido en todo momento que las protestas son consecuencia de la intervención de alborotadores, gran parte a sueldo de potencias extranjeras. Y pese a que han fallecido durante las manifestaciones alrededor de 500 ciudadanos, el gobierno de los ayatolá solo reconoce el extremo de que se pudieron producir excesos puntuales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado iraní durante las movilizaciones antigubernamentales.
La ONG Hrana cree que casi 20.000 personas han sido detenidas desde el estallido del descontento social, de las que 713 ya han sido condenadas por algún tribunal. Hay constancia de que al menos cuatro personas han sido ejecutados y de que sobre 109 pesa la amenaza de que su destino final esté en el corredor de la muerte.