Ruptura de consensos en el debate fiscal

Madrid

Tras las elecciones madrileñas de 2019, las primeras en las que Vox consiguió representación en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, su cabeza de lista, hizo unas declaraciones en las que anunció las condiciones de su partido para apoyar la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta: "Tenemos como prioridad evitar las políticas del consenso socialdemócrata de cualquier partido". Las palabras iban dirigidas a los partidos de derecha y centro-derecha a los que se les acusaba, muy especialmente al PP, de haber asumido como suyas las políticas redistributivas propias de la socialdemocracia, tradicionalmente defendidas por los partidos socialistas.

¿Qué hay de cierto en estas acusaciones? Pese a que el PP sea un partido conservador, he defendido muchas veces que sus votantes son, o más bien eran, socialdemócratas. Con ello, pretendía ilustrar un dato que siempre me ha llamado la atención: cuando en las encuestas se preguntaba si se prefiere pagar más impuestos para obtener mejores servicios públicos, las respuestas de los votantes del PP se situaban siempre en posiciones sorprendentemente cercanas a las de los votantes del PSOE: por término medio, tanto unos como otros estaban dispuestos a aceptar más carga fiscal a cambio de mayores prestaciones sociales. El consenso ciudadano en torno a la redistribución, por tanto, fue característico del periodo del bipartidismo, empujando a los partidos, especialmente al PP, a dar la batalla en asuntos ajenos a los puramente redistributivos (sobre todo el terrorismo de ETA y la cuestión territorial).

Con el surgimiento de Vox y Podemos, el debate en torno a la fiscalidad se ha polarizado, como bien han mostrado los politólogos Luis Miller y Mariano Torcal. Por un lado, los nuevos partidos ocupan posiciones más extremas y, por otro, la presencia de nuevos partidos suponen una presión importante para los dos grandes, que tratan de neutralizar a los competidores alejándose de las posiciones centrales, es decir, moviéndose hacia posiciones ligeramente más redistributivas el PSOE y marcadamente más liberales el PP. Esta es la fotografía que retrata la encuesta de 40dB. para El País y la Cadena SER. Si en 2016, según datos del CIS, en una escala de 0 a 10 sobre impuestos y servicios sociales, los votantes de las dos principales fuerzas políticas se distanciaban de media tan solo 0,25 décimas, ahora les separa casi 1,2 puntos. En buena medida, el consenso socialdemócrata en torno a la fiscalidad se ha roto.

El estudio que hoy se presenta deja además algunos datos preocupantes. Hemos querido preguntar por los comportamientos de los entrevistados con respecto a la fiscalidad: si en la vida cotidiana cometen fraude o si conocen a personas más o menos cercanas que lo hagan. Pues bien, de los siete ítems contemplados, los votantes de Vox se distinguen del resto de electores, incluidos los del PP, en cinco de ellos: confiesan en mayor medida comprar o contratar productos o servicios sin pagar el IVA, pagar en negro a empleados para ahorrarse la seguridad social, alquilar o subarrendar a alguien un inmueble sin contrato, simular un cambio de residencia a otra comunidad autónoma para pagar menos impuestos y comprar productos piratas o descargarlos gratuitamente (en este último, también los de Unidas Podemos). Por supuesto, no se puede descartar que los electores de Vox no sean en realidad más defraudadores: podría ser que fuesen sólo más sinceros que los de otros partidos políticos. Sin embargo, ya sea porque los votantes de Vox cometan más fraude fiscal o porque tengan menos reparo en confesar lo que en realidad otros hacen sin decirlo, lo cierto es que sus respuestas muestran que en sus círculos sociales no está tan mal visto defraudar a Hacienda.

A mi modo de ver, esta es la peor noticia que trae este barómetro. La polarización en torno al debate fiscal no es necesariamente incompatible con ciertos niveles de redistribución: se puede diferir en los planteamientos ideológicos y llegar a acuerdos en las políticas. Sin embargo, la confesión, sin complejos, del fraude fiscal es reflejo o bien de que no se cree en la solidaridad o bien de que no se cree en la capacidad del Estado para hacer justicia social. Ya sea por insolidaridad o por puro cinismo político, la ruptura del consenso socialdemócrata en torno a la fiscalidad nos hace, como sociedad, peores.

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