Jueces, fiscales y abogados afganos perseguidos esperan asilo

Siempre quiso volver a su país, pero tuvo que abandonarlo tras la llegada de los talibanes al poder. Antes de eso, Obaida Sharar pasó veinte años trabajando como fiscal en Afganistán, buscando “un futuro más brillante” para su país. Tuvimos que luchar desde nuestras casas, colegios, universidades, buscando un espacio para nosotras y eso nos costó muchísimo”, asegura.

Es una de las 19 fiscales afganas que ha pedido asilo en España tras ver su vida en peligro por las amenazas de los integristas islámicos. Sin su trabajo como fiscal antinarcóticos y el de sus colegas, “en la actualidad no hay ningún tipo de control sobre las drogas en el país. No hay fiscalías, no hay justicia”, denuncia.

La justicia queda en manos de los talibanes, que poseen una jefatura policial en cada distrito que aplica las leyes de acuerdo a su criterio. Eso permite que continúe el cultivo de opio, ahora disparado, abaratando los costes de la heroína que llega a occidente. Esos cultivos, de hecho, son un recurso clave para el mantenimiento del sistema talibán, que no tiene intención de luchar contra ellos.

Sharar ha pagado un alto precio por perseguir a estos criminales. “Los jueces, abogados y fiscales fueron un objetivo principal para los talibanes, que les mataban, les perseguían en todo el país”, cuenta la fiscal. Su trabajo se complicaba cuando dictaban órdenes de detención contra criminales talibanes que huían a provincias controladas por los suyos.

No tenían miedo a la muerte, dice, acostumbrados a vivir en un país en conflicto durante toda su vida. “Iba hacia la oficina y por el camino veía que los bomberos estaban lavando en la calle la sangre de los atentados que habían sucedido dos horas antes”, recuerda. “Siempre nos despertábamos con bombazos, los cristales rotos, la puerta derrumbada. A pesar de todo esto, éramos fuertes y con muchas esperanzas, trabajando para el país”.

El retorno de los talibanes al poder ha supuesto para las mujeres la pérdida de todos sus derechos. Se les prohíbe estudiar y trabajar. Según Sharar, “tienen miedo a las mujeres, a que tengan un pensamiento y entiendan sus derechos, y las califican de prostitutas si trabajan”.

Su huida a España no fue fácil, llevaba meses obtener una cita consular. Pero la ONG 14Lawyers logró tramitar de forma exprés el asilo de 32 juezas y fiscales. Sin embargo, todavía quedan más de 2.500 que viven bajo la amenaza de muerte de los talibanes. Muchas de las que huyeron dicen sentirse abandonadas por los gobiernos occidentales y las organizaciones internacionales.

Ignacio Rodríguez, presidente de la organización, critica que “los países de la Unión Europea han dado la espalda por completo a la situación en Afganistán salvo la honrosa excepción de España, pero también con una gestión desastrosa y recursos insuficientes”, y llama a la responsabilidad de los países que intervinieron para que no dejen en la estacada a quienes lucharon por la democracia y los avances sociales.

La lentitud para otorgar protección internacional a estas mujeres se debe a la falta de recursos para gestionar las solicitudes, según Rodríguez. “Hay una única persona que se encarga de gestionar los centenares de miles de solicitudes en Afganistán”.

Mientras tanto, los solicitantes pasan meses esperando en condiciones de “precariedad absoluta” en Irán o Pakistán, y corren el riesgo de ser deportados si les caduca el visado, algo habitual si la cita consular tarda un año en concederse. “En el caso de mujeres como Obaida, una deportación puede tener consecuencias nefastas para su vida y su seguridad”, alerta 14Lawyers.

En Pakistán no pueden trabajar, carecen de recursos económicos para sobrevivir. Es un país un 30% más caro que Afganistán, por lo que sus fondos se acaban enseguida, y están fuera del sistema sanitario y sus hijos del sistema educativo. Rodríguez, en su visita a Pakistán, conoció a dos compañeras de Obaida que perdieron a sus niños porque ningún hospital pakistaní quería atenderlas en el parto.

Además de los jueces, abogados y fiscales, a los que dedican su atención desde la organización, hay otros colectivos en peligro como los periodistas o los artistas que desarrollaron su práctica criticando la ideología talibán. Rodríguez recuerda también a activistas y el colectivo LGTBI. Una gran cantidad de la población que está en riesgo y necesita de occidente que siga ejerciendo presión sobre el gobierno afgano.

Obaida sigue teniendo la esperanza de poder volver a Afganistán. Cree que el régimen actual no va a durar mucho tiempo y confía en poder viajar libremente por todo el territorio nacional.