Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Jorge Fernández Díaz por espiar a Bárcenas en la operación Kitchen
Reclama la misma pena para su 'número 2', el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, así como para el ex DAO de la Policía Nacional Eugenio Pino por delitos de malversación, encubrimiento y contra la intimidad. La Fiscalía también pide 19 años de cárcel a Villarejo
El ministre de l'Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz, durant un curs d'estiu a la Universitat Complutense. / Juan Carlos Hidalgo (EFE)
Madrid
La Fiscalía afirma que los 9 encausados, con el ministro Jorge Fernández Díaz al frente, idearon una operación ilícita para obtener del extesorero del PP, Luis Bárcenas, la información y las pruebas que pudieran “resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes”, con el objetivo de hurtarlas a la acción de la justicia.
Sostiene el Ministerio Público que los implicados, “sin descartar la implicación de otras personas”, se concertaron en 2013 y 2014 para espiar y robar a Bárcenas “documentos e información” para que “tanto el PP como sus dirigentes no tuvieran que hacer frente a las eventuales responsabilidades penales” que de los mismos “se pudieran derivar”.
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Grabaciones de Rajoy y Arenas
En este sentido, el escrito detalla los distintos robos de material, como dispositivos informáticos, documentos, facturas e información contenidos en correos electrónicos del extesorero que podían afectar a otros dirigentes, o las vigilancias a Bárcenas y a su familia, con el registro ilegal incluido al estudio de su mujer, para encontrar la supuesta grabación del entonces presidente, Mariano Rajoy, destruyendo parte de las pruebas de la caja B del PP u otra relativa a Javier Arenas.
Los implicados incluso contactaron con un interno experto informático del centro penitenciario de Soto del Real, donde Bárcenas permanecía en prisión provisional, para “evitar que las supuestas grabaciones de Rajoy”, que supuestamente guardaba el extesorero en una nube informática “llegaran al juzgado” número 5 de la Audiencia Nacional, que instruía el procedimiento de la caja B del PP.
Un total de 70 agentes para espiar a Bárcenas
Fernández Díaz y el resto de la red de espionaje llegó a emplear un dispositivo de 70 agentes de la Policía Nacional, según el escrito del Ministerio Público, para vigilar a la familia Bárcenas en 2013 y 2014. También destinaron 54.700 euros para sobornar al chófer de Bárcenas, con el objetivo de que les mantuviera informados de sus andanzas y le sustrajera información.
Anticorrupción admite que “no han sido cuantificados” los recursos “técnicos y humanos” destinados al operativo y por tanto no ofrece una cifra del coste total del mismo para el erario público, pero fuentes de Interior reconocieron a la SER que el gasto en fondos reservados fue cercano a los 500.000 euros.
Las penas
El exministro Fernández Díaz y su mano derecha, Francisco Martínez, no se libran de la acusación por malversación a pesar de la reforma del pasado mes de diciembre. Anticorrupción les aplica el artículo 432.1 y solo por ese delito pide una condena de 4 años de cárcel y 9 de inhabilitación, que junto al resto de delitos cometidos elevan sus peticiones de condena a los 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación.
Idéntica pena solicita para el exDAO, Eugenio Pino; mientras que para el comisario José Manuel Villarejo solicita 19 años de cárcel por encubrimiento, malversación, contra la intimidad y cohecho pasivo propio. Para el exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, reclama dos años y medio de cárcel por encubrimiento, y 12 años y medio para el comisario Enrique García Castaño por encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.
Los otros implicados para quienes la Fiscalía pide condenas son el comisario Andrés Gómez Gordo, con una petición de 15 años de prisión por encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad; y Sergio Ríos Esgueva, el chófer de Bárcenas a quien Anticorrupción solicita 12 años, 5 meses y 15 días de prisión por encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad, así como 13 años y 9 meses de inhabilitación absoluta, por lo que no podría ejercer durante ese tiempo como agente de la Policía Nacional, una plaza que supuestamente, le fue regalada por la trama a cambio de su trabajo de espionaje ilícito.
