El Gobierno aprueba una ley que equipara las condiciones laborales de bomberos y agentes forestales en todo el país

El Consejo de Ministros aprobó este martes sendos proyectos de ley que establecen un marco jurídico básico de los bomberos forestales, por un lado, y los agentes forestales y medioambientales, por otro, con el fin de que tengan unas condiciones laborales y profesionales equivalentes en toda España. Ambos textos iniciarán su tramitación en el Parlamento.

Esas dos figuras están actualmente reguladas por las comunidades autónomas conforme a sus competencias, lo que provoca desigualdades entre los trabajadores. Se trata de dos colectivos que suman unas 20.000 personas. Precisamente, alrededor de 60 bomberos forestales se concentraron esta mañana -convocados por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF- frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en Madrid, para exigir al Gobierno que dote a este colectivo de una normativa básica en toda España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado mes de julio durante el Debate del Estado de la Nación un "nuevo marco regulador estatal básico del personal de prevención y extinción de incendios para ganar en eficacia en la lucha contra los fuegos".

Los incendios forestales quemaron el año pasado casi 268.000 hectáreas en España, lo que supone casi el triple respecto a la media del último decenio (que son algo más de 94.000 hectáreas) y la cifra más alta desde 1994, cuando se calcinaron casi 438.000 hectáreas.

“Damos un paso adelante en el reconocimiento de dos colectivos importantísimos en todo el territorio nacional, que supone la regulación expresa de más de 20.000 personas en nuestro territorio que desempeñan funciones básicas fundamentales para nuestro bienestar y el de nuestra seguridad”, indicó Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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La larga lucha de los bomberos forestales

España lucha contra los incendios forestales desde mediados del siglo XIX, lo que queda reflejado en normas como las Ordenanzas Generales de Montes de 1833 o la real orden de 1858, en las que se configuraba una administración forestal de defensa contra incendios forestales.

El proyecto de ley sobre bomberos forestales regula las condiciones básicas de estos profesionales en toda España. "Hacemos por primera vez un reconocimiento legal, expreso e individualizado de la categoría de la figura profesional de bombero forestal a nivel nacional", apuntó Ribera.

Una de las novedades del texto aprobado este martes respecto al pasado noviembre es que los bomberos forestales podrán acogerse a la jubilación anticipada, como ocurre con los bomberos, por lo que estarán incluidos en el régimen especial de jubilación.

Además, la norma regulará con carácter básico las condiciones en las que estos profesionales con independencia de la naturaleza jurídico-laboral concreta que en cada caso ostente el personal: funcionario, personal laboral o personal contratado por empresas públicas o privadas a las que las administraciones públicas hayan contratado para la prestación de los servicios.

6.000 agentes forestales y medioambientales beneficiados

El de los agentes forestales y medioambientales es uno de los cuerpos de funcionarios más antiguos de España. Nacieron por una real ordenanza de 1677, que estableció la necesidad de grupos de personas especializadas en la protección de masas arbóreas y la vigilancia de animales salvajes.

Los antecedentes más cercanos son la Guardería Forestal del Estado, creada con la Ley de Montes de 1966, y los sistemas de vigilancia del agua de las confederaciones hidrográficas. Sin embargo, las comunidades autónomas han asumido las competencias con el cobijo de la Constitución de 1978, con lo que actualmente hay divergencias de las condiciones laborales al no existir un contenido básico común para todo el país.

Hoy en día hay cerca de 6.000 agentes forestales y medioambientales en España, de los que 400 dependen de la Administración General del Estado. El proyecto de ley aporta como novedad la posibilidad de que los vehículos que utilicen los agentes ambientales y forestales puedan ser considerados como prioritarios, lo que llevará aparejado cambiar el Reglamento General de Circulación, según Ribera.

Con esta norma, se refuerza la consideración de los agentes forestales y medioambientales como policía administrativa especial y policía judicial en sentido genérico. Además, el carácter de agentes de la autoridad, sin perjuicio de su obligación de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.