La Comisión Europea ya alertó a España en 2018 sobre el general implicado en el 'caso Mediador'

En 2018, la por entonces coordinadora de Cooperación en África Occidental de la UE, Carla Montesi, envió una carta al general de división de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas alertando de los criterios que estaban aplicando en la adjudicación de los contratos que estaban tramitando para equipar a las gendarmerías de Burkina, Mauritania, Malí y Níger. En esa misiva, a la que ha tenido acceso la SER, la máxima responsable de la Comisión Europea en Cooperación Internacional recordó al general español, ahora en prisión, que “los equipos adquiridos en las licitaciones debían adaptarse a las difíciles condiciones de la región y, por tanto, debían ser compatibles con los equipos existentes en cada país” porque es “una garantía de compra y sostenibilidad de las inversiones”.

Pero no siempre fue así, de hecho, la coordinadora de Cooperación en África Occidental de la UE advirtió al general de la Guardia Civil implicado en el Caso Mediador del criterio que estaban aplicando en los pliegos de contratación porque no se adaptaban a las necesidades reales de estas policías, recordándole incluso “la necesidad de respetar los principios de concurrencia, transparencia e igualdad de trato de los licitadores”.

Esa advertencia no era casual. Solo tres años después, el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas medió, presuntamente, para favorecer que uno de sus amigos, el empresario José Suárez Esteve se llevase varios contratos del proyecto GAR-SI SAHEL, tal y como figura en el sumario de la investigación abierta por un juzgado en Tenerife. En concreto, se embolsó, al menos, 107.440 euros en tres contratos (tres lotes), a través de su empresa Asesoramiento y Servicio de Drones S.L, por el suministro de equipamientos de drones para las gendarmerías de Mauritania, Malí y Níger.

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La Comisión Europea también paró los pies al general Espinosa Navas cuando intentó pedir una prórroga de los fondos para hacer frente a una serie de costes imprevistos y aumentar la duración de las fases de diagnóstico del proyecto GAR-SI SAHEL en Burkina, Malí y Níger, donde funcionaba esta iniciativa del Ministerio del Interior, gestionado por la Fundación FIIAPP, sustentada con fondos europeos.

Básicamente, lo que buscaba el general de la Guardia Civil, acusado de pertenencia a una organización criminal, era aumentar los costes relacionados con la remuneración de los expertos y la compra de vehículos. Pero la respuesta fue negativa, la Comisión Europea se negó rotundamente porque “el trabajo realizado hasta ahora está lejos de ser suficiente para permitir la celebración de los comités de gestión y pasar a la segunda fase del proyecto como se esperaba en condiciones”, alertó la directora general de Cooperación Internacional en una segunda carta fechada el 30 de agosto de 2017, a la que también ha tenido acceso la Cadena SER, donde se denegó la autorización para modificar el presupuesto del proyecto GAR SI SAHEL.

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En esa misiva, que también fue enviada al director de Seguridad de FIIAPP, Mariano Guillén-Oquendo, la responsable de la Comisión Europea lamenta que “los documentos preliminares aportados en julio distan mucho de satisfacer las expectativas del proyecto, revelan un problema metodológico” porque no se hizo una “identificación seria de las necesidades y sobre todo no permiten construir un plan de acción que garantice la apropiación y la sostenibilidad”.

En ese punto, se recuerda que, durante toda la fase de contratación, la Comisión Europea pidió que “se llevara a cabo un diálogo genuino con las autoridades para asegurar que el proyecto responda a las necesidades específicas de cada país, un modelo que debía adaptarse a cada país”. Sin embargo, la realidad es que eso nunca ocurrió.

Según las fuentes del proyecto GAR-SI SAHEL consultadas por la SER, el general de División de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas quería imponer un modelo único de unidad en todos los países africanos en los que operaba el proyecto GAR SI SAHEL “con el mismo equipo, la misma organización, las mismas formaciones, lo que creó algunas tensiones con algunos países que querían adaptar el modelo inicial a su país”.

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Esas imposiciones continuaron en el tiempo y, de hecho, quedaron recogidas en el informe del sistema de monitoreo orientado a los resultados (ROM, por sus siglas en inglés) que analizó la implementación del proyecto GAR-SI SAHEL donde se recoge algunos “obstáculos” impuestos por la dirección que manejaba el general detenido en el caso Mediador, entre ellos, por ejemplo, “los intentos de controlar la contratación de personal, que es competencia de las respectivas gendarmerías”, “la entrega tardía del equipo”, “la imposibilidad de compartir un informe financiero actualizado” o “la falta de participación de la FIIAPP en el seguimiento de resultados”.

Además, también se apercibió a los responsables de este proyecto por su “negativa a adaptar el modelo anti-ETA a los contextos locales, la falta de diálogo con los equipos de coordinación, la falta de consulta con las gendarmerías nacionales, la imposición del modelo ETA, intentos de imponer listas de equipo único”.

A todo esto, hay que sumar que el material no siempre llegaba a tiempo, “a pesar de la urgencia de un país en crisis plagado de terrorismo, como Burkina, los equipos tardaron que había comprado tardaron en llegar entre 10 y 20 meses, lo que retrasó la formación y la seguridad de la gendarmería burkinés de las unidades GAR-SI”. Esos retrasos se produjeron, a pesar de que la Comisión Europea había autorizado a la Fundación FIIAPP a utilizar los procedimientos de emergencia en los contratos para ahorrar tiempo, tal y como queda recogido en la carta que envió el gestor de los fondos de la Comisión Europea para el proyecto GAR-SI SAHEL, Roland Sourd, al secretario general de la Fundación FIIAPP, Jaime de Pazos Molins.