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El Gobierno advierte de que las fosas comunes podrían desaparecer en algo más de cuatro años

El secretario de Estado ha explicado que "entre las tareas prioritarias" de su departamento figura el hecho de que "no existan fosas comunes en España"

Familiares de las víctimas de los casi 1800 represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo exhumados de una de las fosas comunes más grande de España, la de Pico Reja, en el cementerio de Sevilla, durante el acto simbólico de cierre de la fosa después de más de tres años de trabajo y la recuperación de los restos / Julio Muñoz (EFE)

Ávila

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, considera que, siguiendo el ritmo actual de exhumaciones, las fosas comunes que aún existen en España podrían llegar a desaparecer en algo más de una legislatura.

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Martínez López ha realizado estas declaraciones a los periodistas este sábado, minutos antes de asistir en el Ayuntamiento de Cuevas del Valle (Ávila) al acto de entrega a sus familiares de los restos de Marcela Castelo Blázquez, Eladio Fernández González y Segundo González Rodríguez, asesinados en octubre de 1936.

En este contexto, el secretario de Estado ha explicado que "entre las tareas prioritarias" de su departamento figura el hecho de que "no existan fosas comunes en España". Al respecto, ha señalado que actualmente hay en torno a 20.000 cadáveres que permanecen en las cunetas, de manera que "por el ritmo del Plan Cuatrienal de Fosas que desarrolla la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en una legislatura o legislatura y media podrían desaparecer las fosas comunes en España".

Según sus datos, en la actualidad se está actuando en 513 fosas en España, después de acabar con los trabajos en "Pico Reja", en el cementerio sevillano de San Fernando, donde han sido exhumados 1.786 cadáveres.

Según ha señalado Fernando Martínez López, "una de las tareas prioritarias del Gobierno" consiste en acabar con las fosas comunes que aún existen en España, tal y como a su juicio pone de relieve el hecho de que más del 50 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Estado esté destinado a este objetivo.