Impagos y morosidad empresarial al alza

Madrid

El 13% de las empresas españolas cree que los impagos o los retrasos en los pagos son uno de los principales problemas de su negocio. En cifras, el volumen total de facturas impagadas en España alcanza los 350.000 millones de euros, según el observatorio de Cepyme. En caso de que el problema vaya a más, el impacto sobre el tejido empresarial y la economía puede ser peligroso.

En el año 2022, el porcentaje de facturas sin pagar ha crecido del 4,8% al 5%. De hecho, casi una de cada cuatro empresas sufrió algún impago significativo en 2022.

"Los datos deben preocupar y han de tomarse medidas urgentes", señala en Hora 25 de los Negocios el presidente de la Plataforma contra la Morosidad, Antoni Cañete. "El nivel de impagos debería ser, como máximo, del 2%. En 2014, cuando hubo más destrucción de empresas y de empleo, ese dato era del 5%", añade.

Sin sanciones por incumplimiento

A pesar de que en España existe una ley que establece en sesenta días el plazo máximo en el que se tiene que pagar una factura, en muchos casos se incumple. Hay dos motivos esenciales: no existe nadie que vigile su cumplimiento ni tampoco hay consecuencias para las empresas que superan ese plazo.

Hace meses que el Congreso de los Diputados tramita una ley que contempla sanciones, pero por el momento sigue en trámite de enmiendas. Desde la Plataforma contra la Morosidad defienden que se debe poner en marcha un régimen sancionador como existe en otros países.

¿Quién está detrás de los impagos?

Según explica la Plataforma contra la Morosidad, los responsables de los impagos no son las pequeñas y medianas empresas ni los autónomos, sino "aquellos que tienen mayor posición de dominio". Al retrasar los pagos, explica Cañete "distorsionan la economía y generan pérdidas de puestos de trabajo y cierres de empresas".