ACNUR avisa de que el plan de inmigración del Reino Unido va en contra de la legalidad internacional

El proyecto de ley presentado esta semana por el gobierno británico que facilita la detención y expulsión a sus países de origen o a Ruanda de los inmigrantes que lleguen por mar a su país, más de 45.000 personas el año pasado, está levantando críticas no ya sólo desde distintas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, sino también de la propia ONU. La representante de ACNUR en el Reino Unido, Vicky Tennant, ha sido tajante en una aparición en la BBC: "estamos muy preocupados porque esta legislación va en contra de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados", ha dicho, recordando además que el Reino Unido es un país que, en su opinión, "siempre ha mostrado un compromiso con la ayuda humanitaria, un entendimiento, y ahora claramente se aleja de esa tradición". Tennant alerta de que las personas que tengan unas "reclamaciones muy convincentes" para poder solicitar asilo "ahora ni siquiera podrán presentarlas".

Es una respuesta directa a los argumentos esgrimidos por el gobierno de Sunak, quien ha repetido en varias ocasiones que el nuevo proyecto de ley no viola la legalidad internacional. La ministra del Interior, Suella Braverman, ha reconocido que "se han expandido los límites del derecho internacional", pero defendiendo siempre que el Reino Unido no salía del pacto global para defender a los refugiados, algo que ahora pone en duda Naciones Unidas. De hecho Tennant lamenta que Londres no apueste por la vía opuesta a la que dicta su proyecto de ley: "hagan que funcione el sistema de asilo, que sea más justo, eficaz y rápido; si los solicitantes pueden recibir asilo, permítanles integrarse y que ese proceso sea más rápido que hasta ahora", ha pedido al gobierno de Sunak.

En qué consiste la Convención del Refugiado

Este texto fue aprobado en el año 1951 por Naciones Unidas y establece los parámetros según los cuales una persona es considerada refugiada, qué derechos tiene y establece las garantías para que puedan acceder a procedimientos de asilo. En su inicio se redactó pensando en los supervivientes de la II Guerra Mundial, aunque finalmente se amplió para eliminar restricciones geográficas concretas. Actualmente la han firmado 147 países y tiene varios apartados referentes al asilo o la expulsión. Su artículo 32, por ejemplo, determina que "la expulsión del refugiado únicamente se efectuará, en tal caso, en virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional, se deberá permitir al refugiado presentar pruebas exculpatorias" a lo que acompaña el contenido del artículo siguiente: "ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre".