Anatomía de la reunión que dio carpetazo a los mensajes del presidente de la Audiencia Nacional en el caso Kitchen

Madrid

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha dado carpetazo al caso de los mensajes entre el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y el exsecretario de estado de interior con el PP, Francisco Martínez. Un año de mensajes en los que Martínez le pedía a Navarro información y documentación de una causa que estaba secreta. El exdirigente del PP reconoce al alto cargo judicial en uno de esos mensajes que era de los pocos que le ayudaban.

La decisión se ha tomado por unanimidad, pero no ha sido fácil llegar al consenso. El asunto era el último punto del orden del día, pero nada más arrancar el encuentro han decidido colocarlo el primero. El presidente en funciones, Rafael Mozo, ha apostado por hacer seguimiento del caso y esta es la idea que también ha defendido en un principio la vocal conservadora, Nuria Díaz. El vocal conservador, José Antonio Ballestero, ha puesto pie en pared, partidario de excluir el asunto del orden del día. Los otros dos vocales a propuesta del PP, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya, no han sido tan beligerantes como Ballestero, pero han defendido que no hay elementos que corroboren que Navarro hiciera algo por Martínez y que a cualquiera que le miren el WhatsApp pueden encontrarle mensajes similares. Los vocales progresistas Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda no se han pronunciado en ningún sentido, según las fuentes consultadas por esta emisora. Finalmente, la idea de hacer seguimiento del caso se ha rechazado para evitar que pareciera que la comisión permanente suplantaba el papel del promotor de la acción disciplinaria que es el encargado de este tipo de funciones.

El órgano rector del Poder Judicial ha rechazado la apertura de cualquier tipo de diligencias porque se trata, dicen, de un asunto jurisdiccional y no de un asunto disciplinario. Tal y como les adelantó la Cadena SER el pasado lunes, las faltas disciplinarias cometidas por jueces y magistrados prescriben en el peor de los casos a los dos años. En este caso, los hechos se produjeron en febrero de 2019 y el juez instructor, Manuel García Castellón, tuvo conocimiento de los mensajes a principios del año 2020, pero ho ha sido hasta 2023 cuando ha dado trasladado a las pertes con las posibles responsabilidades disciplinarias ya prescritas.