Reino Unido: las claves de una de las reformas antiinmigración más duras de Europa

Madrid

"Nosotros estamos al lado del pueblo británico". Esa fue una de las frases que el primer ministro británico, Rishi Sunak, usó el pasado miércoles en el parlamento para defender la nueva Ley contra la inmigración que quiere poner en marcha. Según ha explicado el premier, los inmigrantes "ilegales" que lleguen al Reino Unido en patera no tendrán opción a pedir asilo en este país y serán arrestados. Después serán expulsados a su propio país si este es seguro, y si no a un tercero que sí se considere así. Londres evaluará en "circunstancias excepcionales" si una persona puede sufrir riesgos "graves e irreversibles" al ser deportado, pero incluso en esos casos el periodo máximo en los que permitirá que se analice el recurso antes de expulsarle será de 45 días.

Es la solución que plantea Londres para hacer frente a la llegada de inmigrantes, que en el último año batió récords históricos. Según los datos del Ministerio del Interior, 45.755 personas migrantes alcanzaron las costas británicas después de atravesar el Canal de la Mancha. La diferencia es mucho mayor que en 2021, cuando fueron 28.526.

La propuesta es tan dura que hasta el propio Gobierno ha mostrado sus dudas. La ministra de Interior, Suella Braverman, ha defendido que "no infringe la ley" pero al mismo tiempo ha tratado de cubrirse las espaldas. Braverman ha recurrido a la sección 19 de la Ley de Derechos Humanos de 1998, que obliga al ministro responsable de un nuevo proyecto de ley a admitir formalmente sus dudas sobre la ley si quiere seguir adelante con la tramitación.

Las ONGs han mostrado su preocupación "porque esta legislación va en contra de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados". Según Estrella Galán, de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), se trata de una ley "inhumana" porque "supone negar la protección a personas que necesitan buscar un lugar seguro". Estas organizaciones reclaman a Sunak que haga funcionar el sistema de asilo, que sea más justo, eficaz y rápido de modo que los solicitantes puedan recibir asilo, se integren y que ese proceso sea más rápido que hasta ahora". "Ni siquiera Italia ha ido tan lejos", asegura Guillermo Íñiguez, doctorando de la Universidad de Oxford y experto en política europea. El Gobierno de Giorgia Meloni aprobó a comienzos de este año un decreto que le permite desviar los barcos con migrantes a puertos por toda la costa nacional. Así, buques de organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Open Arms han tenido que viajar hasta 4 y 5 días para poder desembarcar a los migrantes rescatados con seguridad. El decreto establece también un régimen de sanciones administrativas que incluyen "la detención administrativa del buque (contra la cual se admite recurso) y, en caso de reincidencia de la conducta prohibida, su decomiso, precedido del embargo cautelar". Estas medidas dificultan mucho la entrada de inmigrantes pero no llegan al nivel de Reino Unido. De hecho, Íñiguez establece una comparación de las medidas de Sunak con países abiertamente xenófobos, como Polonia o Hungría.

Una medida extrema para resucitar en las urnas

Rishi Sunak ha tardado poco en perder el apoyo de los británicos. El líder de los 'tories' llegó a Downing Street en octubre de 2022 después de que Liz Truss tuviera que dimitir, arrastrada por sus errores en la gestión económica y solo 100 días después su popularidad ya estaba por los suelos. Tres de cada cinco británicos, en torno al 60%, tienen ahora una percepción «desfavorable» del primer ministro británico. "Sunak usa la inmigración para resucitar en las encuestas", asegura íñiguez. La inmigración es un tema clave, también dentro del partido conservador, en el que el ala más dura, encabezada por los 'brexiters', reclama medidas más estrictas. La idea de un primer ministro enfrentado a la Unión Europea, que ya ha mostrado sus dudas sobre la viabilidad de la ley, da alas a Sunak entre los que le reclaman mano de hierro dirigiendo el país.

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Ahora habrá que ver hasta dónde puede Sunak actuar sin que intervenga la justicia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya frenó a finales del año pasado la expulsión de varias personas que debían ir a bordo del primer vuelo de deportación a Ruanda. Reino Unido llegó a un acuerdo por el que pagó 144 millones de euros al Gobierno ruandés a cambio de reenviar a ese país a gran parte de los inmigrantes en situación irregular interceptados en el canal de la Mancha. El entonces primer ministro, Boris Johnson, mantuvo que deportar a los solicitantes de asilo recién llegados "es la única manera de combatir las bandas de delincuentes que organizan la travesía marítima desde Francia a Inglaterra".

Esta misma semana el Reino Unido ha sumado otra medida más para controlar la inmigración junto a su vecino del sur. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, han anunciado una nueva iniciativa conjunta a gran escala que incluye entre otras medidas la creación de nuevos centros de detención y un nuevo programa de vigilancia aérea.

Reino Unido comprometerá a tal efecto unos 540 millones de euros en los próximos tres años, según han anunciado ambos mandatarios durante la cumbre franco-británica celebrada en París, parte de los cuales irán destinados a la creación de un centro de detención en suelo francés, concretamente en el norte del país, acompañado del despliegue adicional de al menos 500 efectivos franceses para vigilar las playas desde las que parten los barcos de migrantes con destino a Reino Unido.