Hasta 45.000 personas murieron en 2022 mientras esperaban las ayudas de la ley de dependencia

El sistema de la dependencia atendió en 2022 a 1,3 millones de personas -91.295 más que en 2021-, aunque 353.965 siguen con trámites pendientes sin recibir servicios y prestaciones, con una espera que se prolonga de media casi un año. Son algunos de los datos de la evaluación presentada este viernes por el Observatorio Estatal de la Dependencia que muestra la aplicación desigual en las distintas comunidades del sistema, que pese a la reducción en 15.923 personas la lista de espera, registra 45.360 fallecidos sin recibir la atención solicitada. Las comunidades con mayor número de personas pendientes de recibir prestación son Cataluña (27,1 %), La Rioja (18,9 %) y País Vasco (17,5 %); y las que menos, Castilla y León (0,18 %), Castilla-La Mancha (3,71 %) y Aragón (4 %). Tres regiones aumentaron la lista de espera pese a haber recibido el incremento presupuestario del plan de choque para reducirla: Asturias (la incrementó un 34,7 %), Baleares (un 31 %) y Región de Murcia (29,6 %). Sí han cumplido ese objetivo: La Rioja (que la redujo el 45,8 %), Aragón (43,7 %), Cantabria (36 %) y Canarias (28,9 %). En Galicia, la reducción ha sido del 18,59 %. «El Gobierno de España ha cumplido con el aumento presupuestario del plan de choque para la dependencia, pero la burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos no permiten lograr el objetivo de reducir la lista de espera e incrementar las prestaciones y servicios, ni siquiera de ejecutar el incremento presupuestario», ha explicado el presidente del observatorio y de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. «Incluso diez comunidades hicieron caja con el incremento presupuestario del Ejecutivo central reduciendo su propio presupuesto», ha denunciado. Se trata de Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja. El tiempo medio desde la solicitud de dependencia hasta la resolución de prestación es de 344 días, aunque oscila desde los 977 días en Canarias, a los 125 de Castilla y León. Si se mantiene el ritmo de reducción de la lista de espera del último año, se tardarán once en lograr la plena atención de los dependientes, advierte el responsable del observatorio. «Solo se ha reducido en 15.923 personas (un 8,28 %) y si lo sumamos a las 38.807 de 2021 no alcanzan ni las 60.000 que planteaba como objetivo el plan de choque para el primer año» y que esperaba una reducción del 25,8 %, ha detallado. La evaluación alerta del aumento en 2022 de las personas que esperaban una valoración, que eran 131.810 personas, 7.214 más que en 2021 cuando fueron 124.596. A ellas se suman, 177.423 personas que ya tienen el derecho reconocido pero aún no reciben la atención, otras 22.829 con resolución de Programa Individual de Atención (PIA) sin prestaciones y 21.903 solicitantes que las comunidades no han registrado y están pendientes de valorar. En total 353.965 personas están a la espera de un procedimiento. El informe destaca «la sorprendente capacidad de generación de empleo» -se crearon 32.522 nuevos en 2022- y de retornos económicos del sistema, en el que trabajan 316.215 personas. De las 45.360 personas fallecidas en las listas de espera de la dependencia -una persona cada 12 minutos-, 19.661 estaban pendientes de resolución de grado de dependencia y 25.699 no habían podido ejercer sus derechos. El 80 % tenía más de 80 años. Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 234,96 euros (percibidas actualmente por 517.000 personas): 139 euros para dependientes de Grado I; 240 para Grado II y 335 para Grado III. Respecto a la prestación para una plaza de residencia oscila entre los 445 euros para Grado II y 550 para el máximo nivel; la Ayuda a Domicilio es de 33 horas al mes de media y de dos horas y media diarias de lunes a viernes para los dependientes más severos. «Crece la teleasistencia y otros servicios low cost, mientras que no aumentan las cuantías de prestaciones para la atención familiar o vinculadas al servicio», indica. El coste directo de las prestaciones y servicios ascendió a 9.717 millones de euros: 7.723 asumidos por las administraciones y 1.995 los usuarios. Del gasto público directo, la Administración General del Estado aumentó en 1.842 millones la financiación que alcanza el 34 % del gasto, mientras que las comunidades redujeron su aportación, financiando el 66 %. Se mantienen las enormes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Nueve comunidades consiguen aprobar en la evaluación general de aplicación del sistema, con Castilla y León a la cabeza (8,5), seguida de Castilla-La Mancha (7,9), Andalucía (7,6), Madrid (6,5), Comunidad Valenciana (6,2), Baleares (5,6), La Rioja (5,3), Galicia (5,3) y Navarra (5). Suspenden: Murcia (2,4), Canarias (2,9), Cataluña (3,5), Cantabria (3,5), Asturias (3,5), País Vasco (3,8), Ceuta y Melilla (4,4), Aragón (4,4) y Extremadura (4,7).

Hasta 45.000 personas murieron en 2022 mientras esperaban las ayudas de la ley de dependencia

Hay 353.965 que siguen con trámites pendientes sin recibir servicios y prestaciones. La lista de espera es de casi un año de media , con una espera que se prolonga de media casi un año

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