La Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes de guerra
Afirma que el presidente de Rusia es "presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del de traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia". Por su parte, el Kremlin asegura que la orden es "legalmente nula"
Madrid
La Corte Penal Internacional ha emitido este viernes por la tarde una orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes cometidos durante la guerra de Ucrania. Moscú ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones de que sus fuerzas han cometido atrocidades durante el año de invasión de su país vecino.
Sin embargo, el organismo internacional emitió la orden de arresto de Putin bajo sospecha de deportación ilegal de niños y transferencia ilegal de personas del territorio de Ucrania a la Federación Rusa. Además, el tribunal también ha lanzado una orden de arresto contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial de Rusia para los Derechos del Niño, por los mismos cargos.
Putin se ha reunido en varias ocasiones con Lvova-Belova para abordar temas como la situación de los menores en los territorios ucranianos ocupados por las tropas rusas o los subsidios para las familias de voluntarios y mercenarios rusos. Al respecto, Lvova-Belova se congratuló hoy de que la comunidad internacional aprecie la labor que Rusia hace para que los niños no permanezcan en zonas de guerra y crear para ellos "buenas condiciones de vida".
"Hubo sanciones de todos los países, incluso de Japón, contra mí. Ahora, una orden de arresto. Interesante qué vendrá después. Seguimos trabajando", dijo a la prensa local. En octubre pasado la funcionaria admitió que unos 350 huérfanos ucranianos habían sido acogidos por familias rusas.
Las órdenes de arresto de este viernes representan los primeros cargos internacionales presentados desde el comienzo del conflicto y llegan después de meses de trabajo de un equipo especial de investigación a las órdenes del fiscal jefe del TPI, Karim Khan. Para su emisión ha sido necesario que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas presentadas.
La posibilidad de que el TPI acabe juzgando a Putin es prácticamente imposible por varios motivos: la corte no puede atender casos 'in absentia' del acusado, Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma que sirve de cimiento legal para el tribunal, y el Kremlin no tiene la más mínima intención de entregar a ningún oficial ruso a la corte, como ya ha reiterado en numerosas ocasiones.
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Sin embargo, el TPI sí que está capacitado, como mínimo, para imputar a Putin, dado que no reconoce la inmunidad para los jefes de Estado en casos de crímenes de guerra, crimen contra la Humanidad o genocidio.
Como nota particular, el TPI ha hecho un caso excepcional al identificar por nombre a Putin y Lvova-Belova, contra de la doctrina habitual que favorece el anonimato, al indicar que "el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos", particularmente el de la deportación infantil forzada, "que todavía continúa".
"El señor Vladimir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, Presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del de traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia (en virtud de los artículos 8.2.a.vii y 8.2.b.viii del Estatuto de Roma). Los crímenes se habrían cometido en territorio ocupado por Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que Putin es responsable penalmente a título individual de los crímenes mencionados, por haber cometido los actos directamente, conjuntamente con otros y/o a través de otros (artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma), y (ii) por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos, de conformidad con la responsabilidad superior (artículo 28(b) del Estatuto de Roma)", dice la orden de arresto emitida este viernes.
Rusia asegura que la orden "no tiene ningún significado"
Rusia ha respondido que la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya contra el presidente ruso, Vladimir Putin, no tiene "ningún significado".
"Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con este organismo, y las posibles órdenes de arresto son legalmente nulas para nosotros", ha señalado la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova, en su canal de Telegram.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, ha señalado: "Consideramos que el planteamiento mismo de la cuestión es escandaloso e inaceptable. Rusia, al igual que varios Estados, no reconoce la jurisdicción de este tribunal y, en consecuencia, cualquier decisión de este tipo es nula y sin efecto para la Federación Rusa desde el punto de vista legal".
Más de 30.000 niños de internados han sido deportados forzosamente a Rusia
Antes del inicio de la invasión de Ucrania alrededor de 105.000 niños vivían en internados por todo el país, lo que suponía el mayor número de menores en esta situación en un país europeo detrás precisamente de Rusia. Casi la mitad de ellos además tenía algún tipo de discapacidad.
Aunque la mayoría fueron enviados con sus familias al inicio de la invasión, el pasado lunes la organización Human Rights Watch aseguró que al menos 32.000 habían sido trasladados a la fuerza a territorio ruso, conclusión a la que llega uniendo testimonios del avance territorial ruso sobre ciudades en las que había algunas de estas instituciones, denuncias de distintas organizaciones ucranianas y las informaciones contrastadas de distintos medios de comunicación internacionales.
"Es necesario que la comunidad internacional identifique a estos menores y facilite su retorno. Ucrania y sus aliados deberían poder asegurar que estos niños están identificados en una institución y tienen lo que necesitan para vivir con sus familias y en sus comunidades", denuncia esta ONG que recuerda que la deportación forzosa de menores es un crimen de guerra.