La ONU acusa a Bielorrusia de crímenes de lesa humanidad

Naciones Unidas expone un relato del horror, la censura y múltiples violaciones de la legalidad internacional en su informe específico sobre Bielorrusia publicado hoy y presentado en febrero ante la Asamblea General de la ONU. Un relato de tal crudeza que la ONU confirma que el régimen de Alexander Lukashenko ha podido cometer crímenes de lesa humanidad, que son aquellos que se cometen de modo deliberado como parte de un ataque sistemático contra la población civil.

El informe detalla torturas, excesos policiales, violaciones, detenciones arbitrarias, censura sistemática, amenazas, condenas excesivas, y disolución de medios y organizaciones opositoras al régimen. Sólo entre el 27 y el 28 de febrero de 2022, hasta 1500 personas fueron detenidas por manifestarse contra la invasión de Ucrania y en la actualidad la ONU calcula que hay 1462 personas encarceladas por sus ideas en el país. Un sistema de represión fundamentado en una videoteca para identificar a los ciudadanos que van a las manifestaciones y en el uso de la inteligencia artificial para detectar por ejemplo material opositor en Telegram.

Durante la represión de las manifestaciones se ha documentado el uso de armas de fuego y el despliegue de las fuerzas armadas y la ONU ha podido demostrar la muerte de al menos 5 activistas por el uso desproporcionado de la fuerza, número de víctimas que reconoce el documento que puede ser incluso mayor. A eso suma la denuncia de que no se han realizado investigaciones imparciales ni transparentes.

Tenemos motivos razonables para creer que se cometieron varias violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en Bielorrusia entre el 1 de mayo de 2020 y el 31 de diciembre de 2022

—  Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Uso sistemático de la tortura

Naciones Unidas describe cómo a las personas que son detenidas en Bielorrusia se les propinan palizas con porras, puñetazos y patadas, así como se les somete a amenazas de muerte, insultos y amenazas de violación. Todo ello sin ningún tipo de asistencia médica posterior y con el uso de técnicas intimidatorias para que entreguen datos personales, tales como contraseñas de teléfonos móviles o credenciales de usuario. Ha probado el uso de al menos dos centros de detención donde se hacinan los presos políticos y en los que faltan las atenciones más básicas, empezando por la ventilación.

La ONU ha documentado también más de un centenar de casos de violencia sexual y de género, con violaciones incluidas a menores de edad, y añade que las fuerzas de seguridad están aleccionadas para actuar contra jóvenes con pelo largo, mujeres con pelo corto, personas con rastas o tatuajes, etc.

Justicia parcial

Por último, el documento reseña las violaciones contra las libertades de expresión, asociación y reunión con la detención masiva de periodistas, defensores de los derechos humanos o representantes sindicales. Hasta 757 organizaciones no gubernamentales han sido disueltas, y más de 400 han decidido dejar de actuar por temor.

Las personas que han comparecido ante los tribunales no han podido contar con defensa letrada y la ONU señala que en los juicios sólo se han admitido como pruebas en muchos casos los documentos oficiales redactados por agentes del orden. Documentos que al final han sido las bases de las sentencias condenatorias. Concluye Naciones Unidas que se han dictado condenas de una dureza desproporcionada que demuestran el uso político del sistema de Justicia.