Bruselas advierte a Macron por el "uso excesivo de la fuerza" de la policía en las protestas contra la reforma de las pensiones

Francia atraviesa una situación complicada. Su presidente, Emmanuel Macron, decidió aprobar por decreto la polémica reforma de las pensiones, que busca trasladar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. La decisión de no pasar por el parlamento para sacarlo adelante por mayoría provocó una moción de censura de la oposición, que salvó el Ejecutivo de Macron por apenas 9 votos.

Sin embargo, en las calles, donde ya había un descontento muy notable, este hecho aumentó aun más el rechazo frontal a la reforma y, este mismo jueves, la asistencia a las huelgas y manifestaciones por todo el país igualaron su récord con 3,5 millones de personas. Se trataba de la primera movilización tras la aprobación de la ley y los franceses llenaron las calles con más de 300 manifestaciones celebradas.

Pero como ocurre a menudo en las concentraciones masivas, un grupo pequeño de asistentes ha protagonizado actos vandálicos y enfrentamientos con la policía, unos hechos que han sido utilizados por la primera ministra, Elizabeth Borne, y otros miembros del Gobierno para criminalizar las protestas, sin distinguir entre los manifestantes pacíficos, una mayoría, y los violentos, una minoría.

Desde Bruselas, sin embargo, han ido en el sentido contrario. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha emitido una carta en la que da un toque de atención a Macron por el "uso excesivo de la fuerza" por parte de las autoridades francesas.

En concreto, Mijatovic señala: "Se han producido incidentes violentos, algunos de los cuales han tenido como objetivo a las fuerzas del orden. Pero los actos esporádicos de violencia por parte de algunos manifestantes u otros actos reprobables cometidos por otros durante una manifestación no pueden justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales. Estos actos tampoco son suficientes para privar a los manifestantes pacíficos del disfrute del derecho a la libertad de reunión".

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En este sentido, añade que, "si bien se puede autorizar a un Estado a usar la fuerza para, en particular, restablecer el orden, dicho uso solo debe tener lugar como último recurso y en estricto cumplimiento de las condiciones de necesidad y proporcionalidad".

También hace referencia a las detenciones, ya que muestra su preocupación por la "detención policial de determinados manifestantes y personas en el entorno de las manifestaciones, por actos que no justifican el recurso a medidas tan lesivas del derecho a la libertad ya la seguridad. La liberación sin procesamiento de muchas personas cuestiona la necesidad y proporcionalidad de las medidas a las que han sido sometidas".

Así, el la comisaria también destaca que "la falta de declaración de una manifestación no es por sí sola suficiente para justificar una vulneración del derecho a la libertad de reunión pacífica de los manifestantes, ni una sanción penal impuesta a los participantes en tal manifestación".

Por último, también hace un llamamiento al fin de la violencia, pero por ambas partes: "La violencia, venga de donde venga, en modo alguno puede ser utilizada como medio para resolver una crisis social y/o política. Pero la violencia debe cesar. Esta es una condición necesaria para el ejercicio efectivo de las libertades de expresión y reunión, así como para la confianza entre la población y la policía".