El Gobierno de Ayuso aprovecha el caso del aspirante a la policía de Torrelodones para atacar la ley trans

Igualdad y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se enzarzan y polemizan por el caso del aspirante trans a una plaza de policía local de Torrelodones y que anunció que había pedido el cambio de sexo a mujer en plenas pruebas físicas selectivas. El ministerio que dirige Irene Montero ha confirmado a la Cadena SER que ha recibido la consulta del ayuntamiento de Torrelodones.

En ella, según fuentes de este departamento, el acta notarial hace referencia a la ley de Identidad y Expresión de Género y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y no a la estatal, por lo que consideran que el caso lo tiene que resolver el gobierno autonómico. Insisten en que la ley trans deja claro que a día de hoy el aspirante es un hombre hasta que el Registro Civil resuelva el expediente de cambio de sexo en el plazo de cuatro meses, como establece la norma. Igualdad destaca que al tener su propia regulación en la ley autonómica, la consulta sobre la solución del conflicto debe dirigirse a la Comunidad.

Explicaciones que rechaza el Gobierno de Ayuso. El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López ha respondido rápidamente. "El problema generado en el acceso a una plaza de la policía local en el ayuntamiento de Torrelodones lo crea la ley del estado que trata de asegurar la igualdad de las personas trans en todos los ámbitos, porque es el Estado el que tiene las competencias para registrar el cambio de género de una persona en el Registro Civil, y no una Comunidad Autónoma".

Por tanto, defiende López, "el ministerio de Igualdad no puede escudarse en una ley autonómica que además va a ser reformada en la próxima legislatura, con los problemas que crea esta ley trans estatal que debe ser cambiada cuanto antes, en tanto en cuanto está provocando una gran desigualdad entre el hombre y la mujer". El consejero no acepta tener que solucionar el problema desde Madrid "por eso a quien corresponde aclarar esta ley es al que tiene las competencias: es solo el Estado y a través del Gobierno de España".

La ley autonómica de la Comunidad de Madrid, aprobada en 2016 por el gobierno de Cristina Cifuentes, reconoce la identidad de género libremente manifestada y el derecho de las personas trans a ser tratadas conforme a esa identidad en todos los ámbitos de la vida, incluido el acceso al empleo y el trabajo.