El precedente de María Emilia Casas abona el terreno al presidente de la Audiencia Nacional por sus mensajes en la trama Kitchen

Madrid

La querella contra el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, por sus mensajes con el ex número dos de Interior, Francisco Martínez, ya está en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo para que emita su informe que será contrario a la apertura de la investigación. El Ministerio Público maneja distintos argumentos que apuntan a que no hay motivo para iniciar las pesquisas. El más importante, el precedente de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas.

Una abogada que estaba siendo investigada en un juzgado de Madrid por encargar a un sicario que matara a su marido le llamó para pedirle ayuda para preparar un recurso y poder así recuperar la custodia de su hija. Casas, que ignoraba que ella fuera sospechosa del crimen, le indicó el nombre de abogados que podrían ayudarla y le ofreció indicaciones para poder presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional que ella presidía. El teléfono estaba intervenido y la policía remitió la conversación al juzgado que elevó el caso al Tribunal Supremo al afectar a una aforada.

El alto tribunal en un auto que firmó el actual presidente de la sala de lo penal, Manuel Marchena, archivó la causa. Dijo que no se había producido una "verdadera acción de asesoramiento" porque "no todo consejo emanado de una autoridad o funcionario público puede reputarse delictivo. Solo aquel que compromete la  imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca una interferencia entre los intereses privados y los de naturaleza pública, puede ser objeto de persecución penal".

Francisco Martínez estuvo un año enviando mensajes a José Ramón Navarro a quien pedía información y resoluciones judiciales que estaban declaradas secretas en el marco de la trama Kitchen que investigaba la operación parapolicial para robar las pruebas de la caja B del PP a Luis Bárcenas. El ex secretario de Estado de interior llegó a escribir al presidente de la Audiencia Nacional que era de los pocos que le ayudaban. La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Martínez por este caso.