Un parlamento capaz de tumbar sentencias del Tribunal Supremo: así es la reforma judicial israelí que ha puesto en jaque al Gobierno de Netanyahu
En palabras de la actual presidenta del Supremo, Esther Hayut, “es un plan para aplastar el sistema de justicia. Está diseñado para asestar un golpe fatal a la independencia del poder judicial y silenciarlo"
Manifestación frente a la Knesset en Jerusalén, Israel, el 27 de marzo de 2023. En Israel se han celebrado protestas masivas durante 12 semanas contra los planes del gobierno para reformar el sistema de justicia. / ABIR SULTAN (EFE)
Desde hace doce semanas consecutivas, miles de personas están saliendo a las calles de las principales ciudades de Israel para protestar contra la polémica reforma judicial del gobierno de coalición de ultraderecha, que preside Benjamin Netanyahu. La propuesta, que ha recibido el rechazo unánime de todos los expresidentes del Tribunal Supremo, incluida la actual titular, de todos los partidos de la oposición, del presidente del país, y de buena parte del ejército, permite elegir a magistrados de forma directa por parte del Gobierno y establece un botón nuclear, que da al parlamento la potestad de tumbar sentencias del Tribunal Supremo cuando afecten a leyes o a decretos leyes. El rechazo a la propuesta se ha llevado ya a un prominente miembro del ejecutivo de Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, a ser cesado, por las desavenencias con el primer ministro. Gallant es del mismo partido de Netanyahu, el Likud, la histórica formación israelí de centro-derecha, que es, además, la que más tiempo ha gobernado.
¿En qué consiste la reforma judicial?
Israel no tiene constitución escrita; sin embargo, hay una serie de leyes básicas que protegen los derechos fundamentales del estado, y cuyas garantías dependen en buena medida del Tribunal Supremo, que ha sido, a ojos de los más ultras, contraria a la política de los asentamientos ilegales en Palestina. La reforma dinamita este equilibrio, porque incluye "una cláusula de anulación" (así se llama) que permite que una mayoría parlamentaria simple (61 de los 120 diputados de la Knesset) anule una decisión del Tribunal Supremo. Es decir, con el cambio, si el gobierno de Netanyahu aprueba una ley X y el Supremo la anula, una mayoría simple del parlamento puede revocar la decisión de los jueces. Esto garantiza al el ejecutivo poder aprobar las leyes contra los derechos humanos, sin miedo de que los jueces las vayan a tumbar en el futuro. Además, las medidas podrían ayudar a Netanyahu a evadir el enjuiciamiento en su juicio por corrupción.
En palabras de la actual presidenta del Supremo, Esther Hayut, “es un plan para aplastar el sistema de justicia. Está diseñado para asestar un golpe fatal a la independencia del poder judicial y silenciarlo. Es un ataque desenfrenado al sistema, como si fuera un enemigo que debe ser atacado y sometido". Según el politólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalem, Mario Schneider, hoy el Supremo israelí “casi sin duda daría un fallo a favor de la legislación de derechos humanos, como ya lo ha hecho en varias ocasiones donde hubo este tipo de problemas”, pero la reforma judicial en su forma actual dejaría la decisión en manos del Parlamento y el Ejecutivo.
¿Quiénes apoyan la reforma?
El actual ejecutivo israelí está formado por cinco partidos de derechas, que van desde el sionismo, el racismo, y el nacionalismo mesiánico israelí, que sostiene que por mandato bíblico, los israelíes tienen derecho a controlar todos los territorios palestinos. En concreto, el ejecutivo tiene a dos ministros que preocupan y mucho a los laicos y liberales en Israelí, pero también a los palestinos. El ministro de seguridad nacional, Ben Gvir y el de finanzas, Bezalel Smotrich, que también controla administrativamente los asentamientos en Cisjordania. Ben Gvir, miembro principal del partido Poder Judío, fue condenado por incitar al racismo en Israel y llegó amenazar con disparar a los palestinos en los territorios ocupados. Lo primero que hizo cuando llegó al cargo fue visitar la explanada de las mezquitas, un lugar que está reservado exclusivamente al culto de los musulmanes desde 1967, lo que desencadenó una importante oleada de protestas.
El otro ministro, Rafael Smotrich (del Partido Sionista Religioso), controla, además de las finanzas, lo que pasa dentro de los asentamientos. Representa la punta de lanza del nacionalismo religioso, es abiertamente homófobo. En 2006 participó en una contramanifestación por el orgullo LGTBI llamado el “desfile de las bestias”, y este año, durante las negociaciones con Netanyahu llegó a calificarse a sí mismo como “homófobo fascista, racista” aunque eso no quería decir que fuese a apedrear a homosexuales.
Estos dos ministros están a favor de la reforma judicial y han amenazado con tumbar al Gobierno si finalmente no sale adelante.
¿Quiénes la rechazan?
Todos los expresidentes vivos del Tribunal Supremo, además de la actual, el presidente del país, Isaac Herzog, que pidió borrar la reforma judicial “de la faz de la tierra” por falta de consenso, la oposición en bloque, organizaciones LGTBI, los árabes de Israel, y más recientemente los sindicatos. El sindicato Histadrut ha convocado una huelga general si no se detenía la reforma. Esta jornada masiva ha llevado a huelga a un nutridísimo grupo de trabajadores, desde los funcionarios de las embajadas, a las franquicias del restaurante McDonalds.
