La propia Guardia Civil detectó "graves fallos" en facturas tras inspeccionar 100 reformas en cuarteles de toda España

El juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, que investiga el conocido como ‘Caso Cuarteles’, sigue esperando a que el Ministerio de Hacienda designe los peritos de Patrimonio del Estado encargados de inspeccionar los cuarteles de las 13 comandancias de toda España, bajo sospecha, tras las 203 reformas realizadas por el empresario Ángel Ramón Tejera, alias ‘Alférez MON’, por las que se embolsó más de 3 millones de euros.

Ese peritaje es la piedra angular sobre la que se sustenta ahora la investigación, por la que han sido imputado el teniente general, Pedro Vázquez Jarava y el teniente coronel, Carlos Alonso. Esa valoración arquitectónica se encuentra en punto muerto desde hace 11 meses por falta de peritos. Sin embargo, la propia Guardia Civil ya hizo su propia inspección ocular.

Desde 2017, nueve técnicos de la Guardia Civil han realizado más de 100 inspecciones en los cuarteles afectados por las reformas presuntamente fraudulenta del empresario, Ángel Ramón Tejera, amigo del general Espinosa Navas, aún en prisión preventiva por su implicación en el ‘Caso Mediador’. Esas investigaciones internas del Instituto Armado acreditaron una "errónea confección de facturas con graves fallos, tanto en fechas como en el concepto, todo relacionado con la calidad final de las obras", según ha relatado el teniente general, Arturo Espejo en calidad de Jefe del Mando de Apoyo, ante la Comisión de Interior.

La actividad "colusoria" en Canarias

El máximo responsable de la Guardia Civil sobre el control de gasto económico en las diferentes comandancias ha reconocido en sede parlamentaria la situación peculiar detectada en Canarias. Tras realizar siete visitas y tras revisar la documentación existente han llegado a la conclusión de que en la comandancia de Canarias - donde se cesó recientemente a su jefe, el coronel José María Tienda- "había una actividad colusoria, es decir, aparecen cuatro empresas, pero siempre ofrecían el máximo o se pasaban del presupuesto de licitación", todas menos una, la que finalmente se llevaba los contratos favorecida por el escenario favorable que propiciaban el resto de las compañías que pujaban por ese contrato. La trampa es que detrás de todas esas empresas estaba siempre la misma persona, Ángel Ramón Tejera. La Guardia Civil puso el caso de Canarias en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), "que ha abierto un expediente", según ha desvelado el Jefe del Mando de Apoyo.

Durante su comparecencia, este teniente general de la Guardia Civil también ha echado un capote a los manos de las diferentes comandancias que han sido interrogados en calidad de investigados por los agentes del Servicio de Asuntos Internos: “Las disfunciones detectadas en las obras de los cuarteles no deben ser achacables a mala voluntad de los responsables de los cuarteles, sino más bien al desconocimiento técnico en materia de obras”.

La etapa de Zoido

El origen de todo se remonta a la etapa Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior. “A principios de 2017 la Jefatura de Asuntos Económicos, dependiente del Mando de Apoyo [al frente estaba el propio Vázquez Jarava], detectó un llamativo incremento de la contratación de obras, así como una dispersión geográfica de las mismas, a favor de un mismo empresario”, apuntó el teniente general, Espejo. “Ante la sospecha de que algún miembro del cuerpo pudiera pudieran estar implicados en conductas anómalas, lo pusimos en manos de Asuntos Internos”.

Tal y como informó la Cadena SER, esa investigación de asuntos internos proponía enviar el caso a la Fiscalía. Sin embargo, el teniente general y presunto cabecilla del fraude, Pedro Vázquez Jarava, envió un informe al entonces director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, en el que ponía de manifiesto que "al no existir indicio de delito, no es preciso dar traslado a la Fiscalía del informe del servicio de asuntos internos". Holgado no solicitó la práctica de ninguna diligencia adicional, "ordenaba el cese de las actuaciones" y archivó definitivamente la causa siete meses después de iniciarse en un escrito de cuatro líneas.

No es hasta mayo de 2018, a las puertas de la moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy de la Moncloa, cuando Interior vuelve a recibir un escrito anónimo y reactiva las pesquisas que ahora se siguen en un juzgado de Madrid que investiga a Vázquez Jarava por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, cohecho y falsedad documental.