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La ansiedad de vivir en una zona de tiro en Cisjordania

Médicos Sin Fronteras denuncia la depresión e incertidumbre de los habitantes de Masafer Yatta, cuyas casas pueden ser derribadas en cualquier momento

Punto de Fuga | La vida imposible en Cisjordania

Punto de Fuga | La vida imposible en Cisjordania

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La vida en Masafer Yatta es “imposible”, una realidad durísima de quienes sufren “un inminente riesgo de desplazamiento forzoso”. Así lo describe David Cantero, coordinador general de Médicos Sin Fronteras en los territorios palestinos ocupados.

En esta región desértica del sur de Cisjordania viven algo más de un millar de palestinos distribuidos en una docena de pueblos. Desde los años 80, Israel considera este territorio una zona de tiro, una zona de riesgo de la que la población puede ser desalojada en cualquier momento y donde no pueden construir nada sin el permiso de Israel.

Esto supone que, en la práctica, quienes viven aquí pueden ser desalojados o sus casas demolidas en cualquier momento. Están sometidos a todo tipo de controles. Desde Jerusalén, Cantero explica la presión psicológica que esto provoca. Más de la mitad de los pacientes que atiende Médicos Sin Fronteras presenta problemas de salud mental. “Hemos visto un incremento en los pacientes con síntomas psicosomáticos, postraumáticos y depresivos”, asegura.

Masafer Yatta es una región desértica del sur de Cisjordania donde viven 1.144 palestinos repartidos en 12 pueblos. / Juan Carlos Tomasi

Masafer Yatta es una región desértica del sur de Cisjordania donde viven 1.144 palestinos repartidos en 12 pueblos. / Juan Carlos Tomasi / Juan Carlos Tomasi

Masafer Yatta es una región desértica del sur de Cisjordania donde viven 1.144 palestinos repartidos en 12 pueblos. / Juan Carlos Tomasi

Masafer Yatta es una región desértica del sur de Cisjordania donde viven 1.144 palestinos repartidos en 12 pueblos. / Juan Carlos Tomasi / Juan Carlos Tomasi

La organización denuncia que desde mayo de 2001 se han incrementado las medidas de las autoridades de Israel que “ponen más presión sobre la población y les dificultan todo tipo de acceso a servicios, incluidos servicios de salud”. Se refieren a las órdenes de desalojo, demoliciones de casas y escuelas, los puestos de control y restricciones de movimiento, la confiscación de vehículos y las constantes incursiones nocturnas en las casas.

—  "La gente nos habla de que viven con miedo constante, con una grandísima incertidumbre"

Ese entorno de coacción, dice Cantero, impacta a todos los aspectos de la vida de los residentes y hace muy difícil seguir adelante con la salud mental en buen estado. Todo esto, además, en un momento en el que se ha recrudecido la ofensiva del ejército israelí en Cisjordania.

El impacto es aún mayor en los menores. “La gente nos habla de que viven con miedo constante, con una grandísima incertidumbre. Los niños un día van a la escuela y vuelven a sus casas sin saber si todavía existirán o habrán sido demolidas”, cuenta el coordinador.

Además, en caso de emergencia médica, “se está dificultando enormemente y en muchos casos impidiendo el acceso a los servicios de salud”, denuncia Cantero. La población de Masafer Yatta dependía de sus familiares y conocidos cerca del hospital, pero hoy en día, se les pone todo tipo de trabas para entrar o salir de la zona. Lo ejemplifica uno de los testimonios que recoge MSF, el de una mujer que cuenta que para las embarazadas, todo depende de la suerte. “Si puede llegar al hospital, entonces estará segura, si no, dará a luz en el camino y la traeremos de vuelta”. Por eso muchas mujeres se desplazan a la ciudad semanas antes de dar a luz para asegurarse de llegar al hospital en el momento del parto.

Todas las escuelas que hay en los poblados y muchas de las casas tienen orden de destrucción. Esta situación ha tenido un proceso judicial que ha llegado hasta el Tribunal Supremo de Israel. Sin embargo, desde MSF no confían en que la situación vaya a normalizarse, ya que se han agotado las vías legales para evitar los desalojos, algo que Cantero recuerda, está prohibido por el derecho internacional humanitario y “podría constituir un crimen de guerra”.

 
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