La regulación de los 'lobbies' en España: "El problema no es influir, sino hacerlo de forma opaca"

Madrid

Un 'lobby' o grupo de presión es un "conjunto de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una organización, esfera o actividad social", según la definición de la RAE. En España no existe un registro oficial público de cuántas organizaciones o individuos influyen o tratan de influir en la toma de decisiones, pero están ahí y cumplen un papel relativamente importante. Desde hace año y medios, dos textos permanecen en la fase de trámite en el Congreso de los Diputados a la espera de que los partidos se pongan de acuerdo. Estas leyes regularán en teoría los 'lobbies' y las llamadas 'puertas giratorias'.

Juan López de Uralde es diputado de Unidas Podemos, él preside la comisión de Transición Ecológica de la Cámara Baja. "Los 'lobbies' en general representan intereses industriales, de sectores que van en contra de lo que yo defiendo, que son las políticas ambientales. Son unas relaciones, diría, tumultuosas", explica el diputado en Hora 25 con Marina Fernández. "Prácticamente cada día he tenido contacto con ellos. En esta legislatura ha habido muchísima actividad legislativa y han intentado influir en todas o casi todas las leyes. El oligopolio eléctrico es un 'lobby' muy poderoso y trata de influir. Cuando el ecologismo es un movimiento que trata de salvaguardar lo común, que es el medioambiente, significa poner límites concretos a poderosos", sostiene Uralde.

Por su parte, María Rosa Rotondo es presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales y socia directora de 'Political Intelligence'. "Creo que los servidores públicos tienen al menos la obligación de escuchar todos los intereses y luego tomar las decisiones basándonos en su libre interés e ideología", afirma la lobista.

Las normas que pretende aprobar el Congreso tratarán de regular la actividad de los 'lobbies' y endurecer las normas para los ex altos cargos. Estos últimos tendrán que pasar un periodo de enfriamiento para poder dedicarse a tareas de influencia relacionadas con sus antiguos cargos. Hay ejemplos a izquierda y derecha de exmiembros de la administración que han acabado en puestos de asesoría: José Blanco, Alfonso Alonso, Rafael Catalá, etc. El anteproyecto de ley quiere que los 'lobbies' estén inscritos en un registro, aparezca una relación de personas y se quiere dar constancia de las reuniones que hagan con servidores públicos, entre otras cosas.

Safira Cantos es directora de la fundación Hay Derecho. Ella asegura que "está muy bien" que vaya a haber un registro de 'lobbies', pero no puede depender de una oficina que "ya tiene unas competencias que son deficientes por la falta de recursos". "Nos sorprendió que en ningún caso fuera necesario acreditar documentalmente lo que se afirmaba", explica Cantos. La fundación estudió durante varios años cómo funcionaba realmente esta oficina. "El problema no es influir, sino hacerlo de forma opaca", apostilla.

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"Nos preocupa que no se llegue al fondo del asunto, es decir, cómo ha influido el reunirse con X gente a la hora de sacar una ley", asegura Eva Belmonte, coordinadora de CIVIO, una organización española especializada en vigilar a los poderes públicos. "En general, no hay que atender a una ley que resuelva todos los problemas, sino fomentar una auténtica cultura de la integridad y transparencia. Hay que confiar en que un servidor público va a hacer lo que tiene que hacer en todo momento y que el 'lobista' va a hacer lo adecuado cuando plantee una enmienda. Hay que pensar por qué en España no existe una cultura de la integridad y transparencia. Siempre decimos que la transparencia es un mecanismo gratuito para mejorar el comportamiento de las personas", añade María Rosa Rotondo.

"No está claro que todo el mundo que ejerce influencia quiera remar por el interés general, también hay intereses particulares y mucho intercambio de cromos y de favores, mucha captura por parte de partidos políticos. En el otro lado está la administración pública y vamos hacia una normativa de 'lobbies', pero sin que estén publicados los currículums de altos directivos del sector público, que la ley obliga a publicar. Queremos todo el detalle, todo el histórico y que por defecto estén las cosas a la vista y saber por qué se nombra a alguien", sentencia Cantos.