"Estoy convencido de que Doñana ganará también esta batalla, pero percibo con dolor que está perdiendo la guerra"

Este miércoles se va a producir en el parlamento andaluz una votación muy importante. PP y Vox van a dar el primer paso para ampliar los regadíos de Doñana y legalizar 800 hectáreas de invernaderos ilegales de fresas y frutos rojos en el entorno al Parque Nacional, que está ya en situación crítica. Son hectáreas de regadío que vienen funcionando desde hace años fuera de la ley y que ahora, PP y Vox quieren legalizar.

A pesar de las amenazas de la Comisión Europea, que insiste en que va a multar a España como esto suceda, porque sería una violación evidente de una sentencia europea que obliga a proteger a Doñana. El Gobierno central insiste en que hay que parar esto; de hecho, advierte de que si se llega a aprobar lo llevará al Tribunal Constitucional... todos los colectivos ecologistas insisten en que sería una salvajada amnistiar estos regadíos ilegales. Pero PP y Vox siguen adelante con su proposición de ley, que, además, se va a tramitar de forma urgente, con lo que podría estar aprobado antes del verano.

Miguel Delibes, biólogo y presidente del consejo de participación de Doñana

Qué hay en juego es una pregunta muy difícil, porque yo creo que incluso la ley se aprobara no tendría efecto, porque se recurría o la Unión Europea sancionará a España, el Gobierno recurirrá al TC, pero lo malo es que mientras eso dura y no se toman medidas urgentes para detener la extracción de agua Doñana se va deteriorando. Estoy convencido de que Doñana ganará también esta batalla, pero estoy percibiendo con dolor que está perdiendo la guerra.

Sobre la situación de las lagunas, ayer en el consejo de participación se presentó un informe muy rotundo por parte de la Estación biológica de Doñana y la situación de no solo las lagunas, sino del matorral que depende del agua o de la fauna, es más grave de lo que ha sido nunca. Llevo en el parque 50 años y no se ha dado esta situación. Se han dado muchos años de sequía, pero también muchos años de extracción de más agua superficial de la que se recarga en el acuífero. Hace ya 50 años casi sabemos que los ecosistemas de Doñana depende del agua subterránea, de lo cerca que esté. Cerca de la zona de riego, se están secando los árboles.

Indudablemente, los humanos sí son responsables por dos factores, por uno lejano que es el cambio climático. En Doñana cada vez hace más calor y llueve menos, son 11 años seguidos con menos lluvia de la media. Este año y el pasado van a ser especialmente dramática. Y si además sacamos el agua del subsuelo para alimentar infraestructuras urbanas y regadío, Doñana se seca literalmente.

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Es un problema que en España hemos vivido. Hay acciones urgentes que hay que tomar y que son impopulares porque tienen unas repercusiones sociales y económicas relevantes, entonces todo el Estado y la Comunidad Autónoma tienen que ponerse detrás para facilitar los cambios a las personas afectadas. Es un problema de trabajo, de ponerse de acuerdo y no de intentar ganar elecciones, que es una cosa que me entristece. Es cierto que hay que dejar de extraer agua y hay que buscar un problema analizando a qué personas afecta socialmente.

Nadie sabe que es lo que se pretende legalizar mañana, no lo saben tampoco los parlamentarios que lo proponen, son cifras que se dan a ojo porque no han trabajado en serio. Exijo a los parlamentarios que estudien, que no nos importa esperar seis meses o un año, que no es urgente aprobar una ley para decir que los regantes irregulares puedan regar cuando llegue el agua dentro de 25 o 50 años, eso lo podemos decir el año que viene. Vamos a analizar esto con detalle.

Hay que dejar de regar todo aquello que fue considerado irregular. Europa no lo puede aceptar es una tomadura de pelo. No creo que esta ley vaya muy lejos en su forma actual, creo que Doñana legalmente está bien defendida, que va a salir adelante de esto, pero mientras desde 2014 hasta ahora no solo no se han cerrado pocos pozos, se han abierto otros nuevos que ni figuran en ningún lado. Eso hay que abordarlo con seriedad, con gobernanza, con criterio que salga del Estado y de la Junta.

Se van abriendo pozos y se van cerrando sobre la marcha. Hay que decir también que ha habido una convivencia de las instituciones. Muchos pozos están en terrenos que son montes públicos de los Ayuntamientos y los Ayuntamientos son sus vecinos y están recibiendo sanciones por los pozos, pero no se han opuesto. La Junta ha estado haciendo la vista gorda, la confederación en algunas épocas también. Se ha ido permitiendo una situación por no afrontar ese problema real de que se iban a crear problemas sociales que nos has traído hasta aquí.

Santiago González, periodista de Radio Huelva

Lo que se legalizaría si sale adelante la votación son 800 hectáreas de cultivo, con unas 650 familias implicadas y unos 1.500 agricultores afectados, situados en la corona forestal al norte del Parque Nacional de Doñana. Actualmente, estos terrenos están catalogados como forestales o agrícolas de secano, por lo que la actividad que están llevando a cabo no es legal, ya que están regando con un agua al que no tienen derecho ni concesión. Se trata de una zona que quedó excluida de las 9.300 hectáreas que sí fueron legalizadas en el plan especial de regadíos de la Junta de Andalucía en 2014.

Se trata de un sector muy importante en la provincia de Huelva y gracias a esa normativa vigente, nadie discute en Europa el interés de preservar la naturaleza. Pero la ley propuesta por el PP podría hacer saltar por los aires esa aceptación que tiene hoy el actual plan de la fresa, aumentando la presión sobre el ya maltrecho acuífero de Doñana y en medio de una sequía que azota a todo el país.

El agua que utilizan los cultivos ilegales provienen de pinchazos en el terreno sobre el acuífero, canalizados a través de pozos. Llevan realizando esta practica ilegal durante años, algunos de ellos incluso enfrentándose a sanciones millonarias por los expedientes administrativos que han ido acumulando. La Junta insiste en que la ley no va a suponer para ellos una amnistía y piensa mantener esas sanciones. También espera la llegada del agua en superficie, con la que puedan regar, y es aquí donde interpelan al Estado. Le pide que ejecute las infraestructuras necesarias para que se produzca el trasvase de 20 hectómetros cúbicos, aprobado por el Gobierno en 2018, para llevar agua desde la demarcación de los ríos, del Tinto, Odín y Piedras, hasta el Guadalquivir. Esta situación podría tardar años y mientras se va a seguir extrayendo agua del acuífero, pero ahora con la garantía de haber consolidado con esta ley esos terrenos como legales.

Desde el PP, Manuel Andrés González parlamentario autonómico del PP y defensor de la ley, han señalado ante la Cadena SER: "No se va a coger ni una gota de agua del acuífero de Doñana. Quien se esté nutriendo del agua ilegalmente y tiene procedimientos administrativos abiertos, los seguirá teniendo hasta el final. Aquí no se va a amnistiar a nadie.

Los municipios afectados son cinco: más del 50% de la superficie regable legalizada en 2014 está solo en uno, en Almonte. Sus agricultores son los más críticos con la ampliación de la zona regable que pretende la Junta: "El agua es escasa y no hay para todos. No puede ser que ahora se premie a los que han actuado de forma ilegal. Sabemos que nuestras extracciones ahora están peligro. Como el acuífero está considerado sobreexplotado, se nos puede exigir que reduzcamos nuestra dotación a la mitad, lo que significa que nuestras explotaciones se tienen que reducir directamente a la mitad después de 40 años actuando legalmente".

En estos pueblos afectados, de los cuales tres están gobernados por el PSOE pero ganó el PP en las últimas elecciones autonómicas, el apoyo de los alcaldes al nuevo plan de la Junta es total. La única que se opone es la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar. La Comisión Europea le ha pedido a España por carta que proteja este espacio y le ha advertido que la aprobación de este plan agravaría significativamente la situación del agua y de los espacios protegidos. También asegura que está amenazada la viabilidad de la actividad económica de la comarca y los cultivos de regadío.

Toni Valero, coordinador IU Andalucía

Vamos a estar a la altura de lo que es una enorme amenaza contra el patrimonio andaluz y que es también parte de nuestro patrimonio sentimental y por eso iremos a por todas. La Comisión Europea ya advirtió que este plan es una violación flagrante de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que obliga a cerrar los pozos. En función de esto que planteó la CE, nosotros hemos planteado una denuncia ante este organismo para que aplique medidas cautelares.

Ocurren dos cosas graves, el incumplimiento de esa sentencia de la justicia y la situación de Doñana es dramática, el 59% de las lagunas ya se han secado. Cada día que pasa sin que se actúe, corre el riesgo de morir de secada. Es un patrimonio que tenemos que legar a las siguientes generaciones.

Debemos decirles la verdad a los que tienen los cultivos ilegales. El nuevo plan pone en peligro la supervivencia de Doñana y su propio futuro también. No va a haber agua para los cultivos actualmente legales ni para los ilegales. Se debe hacer una transición agraria hacia una agricultura adecuada para la oferta de agua que existe, además de alternativas económicas y medidas integrales de los poderes públicos.