Teresa Ribera, sobre la ley de PP y Vox para Doñana: "Salvo que Moreno esté dispuesto a pagar él las multas europeas, no puede mofarse de los españoles"

Madrid

El PP y Vox, con el aval del Gobierno andaluz, han dado este miércoles luz verde en el Parlamento Andaluz a la tramitación de la proposición de ley que amplía la zona regable en la corona norte del Parque de Doñana, pese a las amenazas de la UE de multar a España si se legalizan más regadíos y la oposición del Gobierno central.

A 46 días de las elecciones municipales, los grupos del PP y Vox han respaldado que se tramite por la vía de urgencia una ley que cuenta con el rechazo frontal del resto de la oposición (PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía) y que podría ser aprobada definitivamente por el pleno del Parlamento a mediados de mayo en el más corto de los escenarios o a mediados de julio.

Sobre esta situación, que complica la supervivencia de un ecosistema tan importante como es el Parque Nacional de Doñana, ha hablado en Hora 25 la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. A su juicio, lo que ha ocurrido en el Parlamento Andaluz ha sido "bochornoso" y por eso ha asegurado que confía en que "este acuerdo descarrile y acabe en la basura que es donde no debería haber salido nunca" y en su lugar se trabaje en la búsqueda de soluciones.

Así ha sido la entrevista a Teresa Ribera

Esto es bochornoso, es una vergüenza que debería caer sobre las espaldas de los diputados que han votado a favor de esta iniciativa. Que los representantes del Gobierno que debe defender un ecosistema como Doñana han jugado en contra traicionado el ecosistema y traicionando y mintiendo a los andaluces. No hay agua en la superficie, no hay agua en los acuífero. Estamos haciendo un esfuerzo colectivo y con una inversión muy importante con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para transferir agua de las cuencas del Odiel, Tinto, ... y recargar los acuíferos de Doñana y cerrar pozos que abastecen al entorno de Doñana. No va a haber agua nunca. Es todo una mentira. Yo creo que es solamente explicaba por trasladar a quien se siente desesperado que en algún momento tendrá agua, obviamente por el camino está generando muchos daños en términos de confianza a los distribuidos de frutos rojos y de fresas que son cultivados legalmente en Doñana, términos de confianza que son traicionados ante la Comisión Europea que ve esto como un grave peligro y provocación ante el derecho europeo y pérdida de confianza frente a las instituciones del Gobierno de España.

Por supuesto [recurriremos ante el Tribunal Constitucional], esto es de cajón. Ellos introducen una serie de cuestiones que son muy discutibles desde el punto de vista constitucional, que son absolutamente contrarias al principio de preocupación y al valor que otorga la protección del medioambiente en nuestra Constitución. Creo que la pregunta es si una ataque así a lo que supone el mandato de la Junta es compatible con la defensa del interés general y con la percepción que tenemos los ciudadanos de las medidas del señor Moreno Bonilla. Es bochornoso y algo muy serio que probablemente han medido mal pero que no podemos callarnos.

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Estamos estudiando si a través de otros títulos se puede intervenir o solicitar medidas cautelares. La doctrina del TC es solamente recurrible que aquello que esté en vigor uno no puede recurrir preventivamente. Por eso yo confío en que este acuerdo descarrile y acabe en la basura que es donde no debería haber salido nunca, y que nos podamos poner a trabajar para ver de qué manera se pueden ver soluciones. Estos 70 diputados deberían reflexionar sobre lo que han hecho.

Creo que hay distintas posibilidades. Lo primero la diversificación de actividades económicas, más valor añadido con respecto al producto que se obtiene de esa zona o buscar alternativas, el monocultivo nunca es bueno como hemos visto en muchos frentes. Creo que la superdependencia de una actividad como es esta en un espacio donde no hay agua requiere un impulso por parte de la Administración y la Junta tiene en sus manos muchas de estas medidas, no es una novedad. En 2014 hubo un esfuerzo muy grande para determinar cuáles eran las superficies de regadío que se debían legalizar y de qué modo se tenía que actuar en la generación de alternativas en estos municipios.

La Junta recibe recursos para implementar medidas en las zonas de influencia de los parques nacionales que gestiona y recibe recursos también de la política agraria común que permite que el Gobierno autonómico determine prioridades desde el punto de vista de política ambiental, diversificación y políticas sociales. Cuenta con recursos, si ellos quieren, para buscar soluciones como implementar un polo industrial de agroindustria que dé más valor añadido a las fresas u otras alternativas. Creo que nunca se han tomado en serio este ejercicio.

Cuando hablé con Moreno Bonilla sobre este asunto le pareció que quien se inmiscuía y le hacía sentirse muy ofendido es la Comisión Europea y creo que no es manera de gestionar este asunto. Tenemos una condena firme, que vamos a ser condenados a multas coercitivas en el supuesto de que esto llegue a estar en el boletín oficial y me parece que salvo que él esté dispuesto a pagar personalmente junto con los diputados que apoyen esta iniciativa la multa, no puede mofarse de los españoles.

Lo que dice la Comisión Europea es que ellos ya cuentan con una sentencia que nos condena porque los planes hidrológicos del Guadalquivir aprobados en 2013 y 2017 no tuvieron en cuenta las necesidades de Doñana porque había exceso de presiones, los dos planes del Gobierno de Rajoy desatendieron las necesidades de Doñana. Sobre eso hemos venido trabajando para que el nuevo plan incorpore las necesidades de Doñana y busque alternativas para el regadío legal. Nosotros a la Comisión Europea vamos reportando periódicamente nuestro plan para salvar a Doñana. En el momento de que surge una amenaza como esta, la Comisión salta como un resorte y dice 'esto qué es, esto se aleja del compromiso asumido por España'. Lo que dice la Comisión Europea es que 'si sigue adelante tendré que pedir que se pongan multas a España hasta que España vuelva a responder con sentido común' por eso hay una amenaza real y justificada.

Cuando esto ocurre va muy rápido, el Tribunal de Justicia impone el sistema de multas y unas cuantías establecidas. Esto es lo que se debería evitar.

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Qué hay en juego en Doñana

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