Los alquileres no podrán subir más del 3% en 2024 con la nueva ley de vivienda pactada entre el Gobierno y sus socios

ERC y EH Bildu han anunciado que han llegado a un acuerdo con el Gobierno de coalición para cerrar la nueva Ley de Vivienda, que pondrá topes a los precios de los alquileres. Los diputados de ERC Pilar Vallugera y de EH Bildu Oskar Matute han comparecido en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados para explicar este acuerdo, que llega tras más de un año de negociaciones en el Congreso. «Hemos priorizado el derecho a la vivienda por encima de quienes quieren hacer de la vivienda un bien de mercado», ha asegurado Matute. El diputado de Bildu ha celebrado este acuerdo «importante, de enorme trascendencia en lo social y político», que destaca por introducir un tope del 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024, mientras que en 2025 se creará un nuevo índice «más estable e inferior a la evolución del IPC», que se tiene que concretar aún y no podrá superar el IPC en vigor. Además de eliminar el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos, también incorpora nuevas medidas de protección frente a desahucios. «Nos hubiese gustado llegar más allá, pero no ha sido posible», ha explicado Matute (Bildu), tras alabar el acuerdo que, según él, ha sido posible gracias a «las fuerzas soberanistas de izquierdas del hemiciclo». Por su parte, la diputada de ERC ha explicado lo que ha cambiado para poder llegar a un acuerdo: «Siempre habíamos dicho que llegaríamos a un acuerdo en el momento en que fuera efectiva esta legislación». Vallugera ha destacado que la nueva ley de vivienda «es una ley garantista que diferencie entre grandes tenedores y pequeños propietarios». «Serán regulados todos los alquileres en áreas tensionadas en todos los casos, donde habrá una contención de rentas para los grandes propietarios», ha añadido. La diputada de ERC ha señalado que los topes «se establecerán, dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores». Además, ha explicado que la declaración de zonas tensionadas será más fácil que en el texto inicial ya que fijará dos condiciones disyuntivas, es decir, que tendrán que cumplirse solo una de ellas para posibilitar la declaración. Así, una comunidad autónoma podrá declarar una zona tensionada cuando la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha mostrado «muy satisfecha» por el pacto para sacar adelante la nueva ley de Vivienda: «Nos permite proteger mejor a las familias». Belarra ha confirmado que su Ministerio ha estado «muy pendiente de la negociación», como habían señalado Matute y Vallugera en su rueda de prensa. El Gobierno ha llegado a un acuerdo con sus principales socios parlamentarios para sacar adelante la Ley de Vivienda y convertirla en la última gran ley de la legislatura después de 13 meses de negociaciones en el Congreso. Tal como adelantó este jueves la Cadena SER, han sido los socios parlamentarios, en concreto Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu, quienes se han encargado de comunicar el acuerdo para sacar adelante la norma. Esto permite desbloquear la tramitación parlamentaria la semana que viene para que el texto esté aprobado en el Congreso y en el Senado en los cuatro plenos que quedan antes de las elecciones del 28 de mayo. Todos los grupos de izquierdas que dan apoyo en la Cámara al Gobierno reconocen que esta norma, uno de los últimos grandes compromisos que esperan cumplir esta legislatura, puede ser un revulsivo para la campaña de municipales y autonómicas del 28-M. La política de vivienda ha sido un caballo de batalla durante toda la legislatura entre PSOE y Unidas Podemos. Fijada en el acuerdo de coalición, las dos partes han tardado en ponerse de acuerdo en cómo afrontar el control de los precios de los alquileres, entre otros aspectos, y, por ello, tardó en fraguarse un pacto en el seno del Consejo de Ministros para aprobar el proyecto de ley, lo que ocurrió en febrero de 2022. Uno de los puntos de discrepancia era la definición de los grandes tenedores de vivienda, que en el texto del Consejo de Ministros se fijó en diez pero en los últimos meses se había llegado a un consenso de rebajar ese umbral y al final se ha decidido dejarlo en cinco. Pero sobre todo el núcleo central que demandaban los aliados del Ejecutivo era avanzar en el sistema de regulación de precios en zonas de mercado tensionado para que fuera efectivo, donde se ha acordado una subida tope del 2% en 2023, un 3% en 2024 y a partir de ahí se creará un nuevo cálculo. Los morados habían lanzado diversos mensajes al PSOE en las últimas fechas, al sostener que la aprobación de la Ley de Vivienda era esencial para que el Ejecutivo de coalición revalidara en el próximo ciclo electoral.

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