El Gobierno aprueba su plan para el regreso de la vivienda social a España con 50.000 casas de la Sareb para alquiler asequible

Madrid

El Gobierno ha aprobado este martes su plan para destinar 50.000 viviendas de la Sareb a alquiler asequible, de las que 35.000 ya están identificadas y otras 15.000 se construirán en suelo cedido por esa sociedad pública. "Es fundamental reconstituir el parque publico de viviendas y aprovechar al 100% los activos de Sareb para atender las preocupaciones de los españoles", ha explicado la la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño.

La Sareb, creada hace 11 años para comprar activos inmobiliarios de cajas de ahorro y bancos quebrados en la crisis financiera de 2008, está controlada por el Estado desde el año pasado. Su entrada en el perímetro público supuso un aumento de deuda de 34.000 millones de euros para el Estado, ha recordado Calviño, que ha señalado que la nueva estrategia de la sociedad también incluye la "cesión de suelos para construir hospitales, escuelas, aparcamientos y otros servicios públicos".

Anunciado por Sánchez

Este plan, que anunció el pasado fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto electoral en Valencia, forma parte del compromiso del Ejecutivo de impulsar 100.000 viviendas en arrendamiento a precio asequible.

Unidas Podemos lleva demandando al PSOE desde el principio de la legislatura que todas las viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que en Asturias dispone de 395 viviendas, se incluyan en un parque público de alquiler y, aunque intentó negociarlo dentro de la ley de vivienda los socialistas nunca lo aceptaron.

Su secretaria general y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, considera que el plan "responde perfectamente" a su reclamación y que le da igual que su anuncio en un mitin de Pedro Sánchez obedezca a un interés electoralista u a otro motivo. Por su parte, los socialistas siempre han apostado por la construcción de un parque público de alquiler mediante fórmulas de colaboración público-privada para incrementar la oferta.

Propuesta del PP

Al mismo tiempo que se celebraba el Consejo de Ministros que ha dado luz verde al plan de vivienda social, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido un pacto de Estado que implique al Gobierno y a las administraciones regionales y locales. El pacto se basaría en las premisas de aumentar la oferta de pisos y casas para compra y alquiler, dar mayor seguridad jurídica a inversores, arrendadores y arrendatarios, aumentar las ayudas y sobre todo aumentar el número de parcelas de suelo público disponibles para la construcción.

El líder del PP ha presentado parte de sus medidas para afrontar el problema de la vivienda en un acto con jóvenes. A ellos van dirigidas las propuestas que ha desgranado en la azotea de un hotel de moda de Madrid. Preguntada por esta propuesta, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha criticado que Feijóo haga un acto sobre vivienda en Madrid, "una de las zonas donde más prohibitivo es el acceso a la vivienda" y con una presidenta que se "va a saltar la ley": "Se están pagando 2.000 euros al mes. ¿Quién se puede permitir esto?".

Rodríguez ha replicado que "las políticas del Partido Popular en materia de vivienda son políticas fracasadas". Sobre la respuesta del PP a la ley de vivienda, la ministra portavoz ha dicho: "Es inaceptable en un Estado de Derecho que existan presidentes autonómicos que abiertamente digan que van a saltarse la ley".

"Reconstituir" el parque de viviendas públicas

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha abogado en las últimas horas por "reconstituir" el parque de viviendas públicas que fue "desmantelado por los gobiernos anteriores". La Sareb, creada hace once años para comprar activos inmobiliarios de cajas de ahorro y bancos quebrados en la crisis financiera de 2008, está controlada por el Estado desde el año pasado.

En la actualidad tiene cedidas unas 2.700 viviendas a las comunidades autónomas y los ayuntamientos a pesar de que la bolsa de pisos reservados para este fin asciende a 15.000 unidades y Sánchez quiere elevar la cifra a unas 21.000 viviendas. El plan incluye (dentro de las 35.000 casas ya identificadas) 14.000 pisos ya ocupados en los que se ofrecerá un alquiler social a las familias para evitar desalojos y otras 21.000 unidades que se pondrán a disposición de municipios y comunidades autónomas.