45.000 concesiones mineras en el Amazonas
La Amazonía es uno de los puntos calientes de reservas de minerales claves para la transición ecológica. Las estrategias de las empresas extractoras fragmentan el entorno social
El Gobierno de Gabriel Boric, en Perú, ha apoyado por unanimidad la expansión de un gran proyecto minero en la Cordillera de los Andes. Una “pésima decisión que va a afectar a todos las personas de la región de Valparaíso y de Santiago”, lamentan los ecologistas. Pero Perú no es el único territorio en el que esto pasa.
Estallido en Sudán
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La Amazonía es una de las regiones del planeta más vulnerables a los planes de la minería industrial, fundamentales para la transición ecológica. Allí hay actualmente alrededor de 45.000 concesiones mineras o en espera de aprobación, y alrededor de la mitad afectan a áreas protegidas y a los territorios indígenas.
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Lo que se busca es fundamentalmente cobre, asegura Javier Arellano, investigador en Recursos Naturales que ha estudiado junto a la ONG Alboan la expansión de esta industria minera en la Amazonía y los conflictos psicosociales que van aparejados con estos proyectos. “El cobre es el gran mineral de la electrificación y durante las últimas dos décadas y cada vez más, la transición energética demanda más cobre”.
Esto ha derivado las exploraciones hacia la cuenca amazónica. Allí, explica Arellano, el daño llega “mucho antes de que se traiga un kilo de cobre. Simplemente la presencia de las de las empresas genera una serie de distorsiones que tienen unos impactos muy fuertes”. Los Gobiernos, dice, han otorgado concesiones independientemente del nivel de protección de los territorios.
Las estrategias de la industria para fragmentar los pueblos
Las industrias, por su parte, tienen estrategias de fragmentación del entorno social. Se aproximan a la población afectada por los yacimientos hasta conseguir atraer su apoyo o terminar abriendo sus minas. Incluso utilizan mecanismos como desprestigiar a los líderes, dividir a las organizaciones críticas con la empresa o facilitar la llegada de población favorable a la actividad de esa industria. “Todo eso genera un caldo de cultivo muy complicado, un deterioro social que conlleva después un deterioro ambiental”.
Muchas veces esos impactos “se empiezan a producir incluso antes de que haya ninguna extracción física”, añade Guillermo Otano, técnico de incidencia política de Alboan. Ejemplo de esto es el caso del ‘Baguazo’ en Perú en 2009. Una masacre por el enfrentamiento entre las poblaciones indígenas y el gobierno peruano. Aunque más de una década después la empresa desistiera de explotar ese yacimiento amazónico, se facilitó la entrada de mineros informales y madereros que están deteriorando el medio ambiente.
Las comunidades afectadas tienen derecho a ser consultadas sobre el proyecto minero. Pero la aplicación de estas directrices no se respeta en la práctica. “Pueden convocar una consulta poniendo una nota al pie en un diario y si nadie se presenta la consulta la dan por válida o la pueden convocar por internet allí donde no llega el wifi y no hay nadie que pueda responder”, explica Otano. Por eso reclaman que las consultas se hagan bajo ciertas condiciones y, sobre todo, “que se respeten las decisiones”.
Ahora las empresas buscan nuevas formas de legitimar sus actividades apelando a la transición ecológica. Arellano celebra que en los últimos años se están paralizando muchas minas y espera que se camine hacia una extracción minera viable y respetuosa con las poblaciones de los lugares donde están los depósitos.