"Solo uno de cada diez reincide": ¿Qué hacemos con los niños que cometen delitos?

Madrid

Los niños que cometen algún delito no tienen que responder ante la Justicia, pero eso no quiere decir que se queden en tierra de nadie: las instituciones sí intentan darles una respuesta. No terminan delante de un juez, pero cada Comunidad les ofrece principalmente programas de reeducación que faciliten su reinserción en la sociedad. En Cataluña, por ejemplo, lo hacen a través de la Dirección de Atención a la Infancia y la Adolescencia. “Tenemos un grupo de psicólogos y educadores sociales que trabajan con ellos para ofrecer planes de trabajo personalizados que puedan corregir los déficits personales o familiares que se detecten”, explica su directora Ester Cabanes.

Lo de ‘personalizados’ cobra todo el sentido porque no es lo mismo el caso de un chaval que coge una bolsa de patatas de una tienda, que el de otro que participa en una violación en grupo, pero ambos acaban en el mismo lugar. Aceptar o no los planes propuestos depende de sus padres o tutores, pero si los rechazan puede haber otras medidas que incluso lleven a la pérdida de la custodia. “Si la situación es ésa, y realmente el niño o niña necesita una ayuda que no está recibiendo, del riesgo se puede pasar al desamparo, y eso puede suponer la salida del menor del domicilio familiar”, comenta Sonsoles Bartolomé, la directora del departamento jurídico de la Fundación ANAR. Además, los padres tienen también la obligación de asumir la responsabilidad civil, que puede traducirse en indemnizaciones y en función del delito llegar a ser muy altas, de hasta cientos de miles de euros.

Más allá de los programas de reeducación, averiguar cómo esos niños que no han cumplido 14 años llegan a participar en delitos es otra parte fundamental de la respuesta que intentan dar las instituciones. “Muchas veces no son conscientes de lo que están haciendo, ni del daño que pueden ocasionar, pero no tienen los valores necesarios o no están bien supervisados”, advierte Cabanes. “En otras ocasiones se mezclan con chicos más mayores y se ven envueltos en situaciones que no han sabido parar, y hay que trabajar mucho para evitar que se autocalifiquen como malos, tontos o imbéciles por verse envueltos en algo de consecuencias nefastas”.

Ampliar

En los casos más recientes de violencia sexual en los que han intervenido menores de 14, aparece otro factor añadido: la influencia del porno, al que en algunos casos acceden ya con 8 años. “Se ha incrementado el consumo de porno porque es gratis y porque es fácil acceder, pero también porque detrás hay ingenieros que saben muy bien cómo captar la atención de los más pequeños. Está pasando, por ejemplo, en Instagram; su algoritmo detecta cómo aumentan los likes con imágenes sexualizadas”, comenta Lluis Ballester, sociólogo e investigador de la Universidad de las Islas Baleares.

Este experto en el efecto de la pornografía en la adolescencia advierte de situaciones especialmente peligrosas y llamativas (“Encontramos porno en los videojuegos, hay uno que se llama 'El Día del Violación' en el que se recomienda que se mate a la mujer al final de la partida, es muy bestia”) y llama la atención sobre el negocio que hay detrás de esta industria (“La televisión tardó 22 años en conseguir 50 millones de clientes; La página Pornhub, líder en este mercado, lo logró en 19 días”).

Ballester cree que está habiendo un aumento cuantitativo, pero también cualitativo en este tipo de delitos: “Se están viendo cosas que antes no se veían, como la amplificación posterior a la violación o la agresión sexual mediante la filmación y distribución en redes sociales o por otras vías que ofrece Internet”. Otros consideran que, aunque es cierto que estos casos generan más alarma social, siguen siendo minoritarios. “Hemos visto un ligero incremento en 2021, pero tampoco es un incremento ‘especialmente alarmante’; y lo pongo entre comillas porque los delitos de naturaleza sexual cometidos por menores apenas suponen un 2% del total”, explica Diego López del Hierro, director de la Agencia para la Reeducación del Menor Infractor en la Comunidad de Madrid. Además, por lo menos en esta Comunidad, el número de menores que reincide es bajo, apenas lo hace uno de cada diez.

La responsabilidad del sistema

El sistema, pese a la gravedad de los hechos y la alarma social generada, está respondiendo bien, según sus responsables: “Tenemos identificados a algunos chavales que repiten, pero en realidad por la cantidad de denuncias que tenemos y de derivaciones que nos llegan, es un porcentaje muy pequeño”, analiza Cabanes. La directora de la DGAIA, apoyándose entre otras cosas en esos datos, no es partidaria de rebajar la edad de imputabilidad. El asunto ya fue polémico cuando se fijó el límite en los 14 años, a medio camino entre los siete de Irlanda y los 16 de Bélgica. Quien apuesta por una posible reforma suele sostener que ahora los chavales maduran antes, algo que no comparte Concepción Rodríguez, magistrada en el Juzgado de menores número 1 de Madrid: “Al contrario, cada vez vemos jóvenes más inmaduros, una cosa es que hagan cosas que no correspondan con su edad y otra que sean maduros para hacerlas”.

Otros, como Lluis Ballester, insisten en que la responsabilidad sobre lo que está pasando, también en lo que tiene que ver con las consecuencias del acceso al porno, sigue siendo de los adultos: “Somos nosotros los culpables de que haya porno extremadamente violento, de que pongan ‘tetas’ en un buscador y salga porno, y todavía no hemos desarrollado un reglamento para perseguir a los ejecutivos de las compañías pornográficas”.

Finalmente, como apunta Ester Cabanes, bajar la edad no cambiaría en gran medida el escenario porque ahora mismo, para los mayores de 14, el objetivo de la Justicia ya es el mismo que para los que no llegan a esa edad: “Van a un centro educativo, aunque sea cerrado, todo su funcionamiento se basa en pautas educativas”. En esa línea de apostar por la reeducación y la reinserción, los chicos salen de estos procesos sin antecedentes penales, salvo cuando han cometido delitos de naturaleza sexual; en esos casos sí queda registro para que no puedan trabajar ni hacer voluntariado en actividades relacionadas con menores.