El Gobierno recurrirá ante el Constitucional una norma de Ayuso que vulnera la ley de eutanasia para los discapacitados
Entiende que Madrid restringe el derecho al exigir autorización judicial a las personas con discapacidad psíquica que tutela
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / MARISCAL (EFE)
Madrid
Moncloa considera que el gobierno de Ayuso recorta el derecho a la eutanasia de las personas con discapacidad tuteladas por la Comunidad de Madrid. Ejerce la tutela de más de 4.000 personas con discapacidad intelectual, psicogeriátrica y de salud mental por falta de familiares o porque, existiendo, no son idóneos para hacerse cargo de ellos.
La presidenta asegura que "muchas mujeres" abortan hasta cuatro veces, aunque los datos del ministerio de Sanidad reflejan que esos casos son la minoría
En la nueva normativa que aprobó en febrero, el ejecutivo autonómico obliga a estas personas a tener una autorización judicial para recibir la ayuda a morir aunque hayan suscrito con anterioridad el testamento vital, el documento de instrucciones previas o de voluntades anticipadas.
Imposición del aval de un juez
Son los documentos que exige la ley de eutanasia para los casos en los que los pacientes ya no pueden prestar su conformidad a causa de la discapacidad generada por una enfermedad grave e incurable. Imponer además el aval de un juez es añadir un requisito adicional que vulnera la ley de eutanasia, avalada por el Tribunal Constitucional, e invade competencias exclusivas y de coordinación que corresponden al Estado, señalan fuentes del Gobierno.
Por eso, según ha sabido la Cadena SER, ha decidido recurrir ante el Constitucional la nueva de Isabel Diaz Ayuso que crea la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. Una norma que incluye una disposición derivada de una enmienda de Vox que limita el derecho de estas personas a la eutanasia.
Es previsible que en los próximos años cada vez más personas firmen testamentos vitales u otros documentos análogos, por lo que el Gobierno cree que actuar contra la ley de la Comunidad de Madrid que restringe el derecho a morir no solo pretende proteger en el presente sino también en el futuro.
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