Presos de la burocracia

Madrid

El programa, tal y como expone el SEPE, ofrecería una "primera experiencia laboral en las Administraciones Públicas (tanto General como Territoriales) a personas jóvenes desempleadas que hayan completado su educación formal". Así es como lo reflejan en el papel, pero la práctica... es todo lo contrario.

En junio de 2022, cientos de jóvenes empezaron a acceder a esta oferta de empleo, a unos les llamaron de los servicios de empleo regionales, otros se enteraron y echaron una solicitud.

La convocatoria la hacía el Ministerio de Trabajo a través del Servicio Público de Empleo del SEPE, con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En total, la ayuda tenía una dotación de 112 millones de euros. A priori, la oferta era maravillosa: un primer empleo en la administración pública, durante un año y bien remunerada.

Sin embargo, no ha acabado siendo así. Los jóvenes esperan y esperan a que les llamen para firmar el contrato, una semana, otra y otra... Y nadie les llama... La documentación está aportada en el centro, les han dicho las condiciones, incluso han llegado a ir a ver dónde van a trabajar... pero nadie les dice cuándo van a empezar ni cuándo van a firmar el contrato.

Después de más de 8 meses esperando, en enero solo a algunos les llaman para firmar un contrato. Mientras, otros siguen rechazando trabajos a la espera de la administración, porque si cogen otro empleo, salen del programa.

A día de hoy, la situación es la misma. Los jóvenes afectados se han organizado, son todos los que tendrían que estar en Instituciones Penitenciarias trabajando, son 50, pero calculan que podrían ser hasta 100 jóvenes pendientes de este trabajo.

Este grupo de jóvenes han planteado una denuncia ante el Defensor del Pueblo, y la ha admitido a trámite. Desde la Cadena SER hemos tenido acceso a ella y dice que Instituciones Penitenciarias les remitió un informe en el que asegura que “la cuantía de la subvención tal y como autorizó el SEPE no permite afrontar los gastos de personal del Programa” y que “se está a la espera de que se haga efectivo el incremento de la subvención”.

Desde el Ministerio de Trabajo aseguran a la SER que la cuantía prevista en el programa ya se abonó a Instituciones Penitenciarias y que se está estudiando si suben esa subvención. Además, recuerdan que este programa se ha implementado en un centenar de administraciones públicas y ya se están llevando a cabo.

Este es un caso más de fracaso de una política pública... Uno de tantos. Jóvenes, que, presos de la burocracia no pueden avanzar y, como nos cuenta Rocío, una de las afectadas, están perdiendo precisamente esas "primeras experiencias laborales".

Segunda historia: Renfe y la gratuidad de los abonos

"El Gobierno bonificará el 100% de todos los abonos de varios viajes para los trenes de servicio público de cercanías, rodalíes y media distancia operados por Renfe", anunciaba Pedro Sánchez en julio del año pasado y que se renueva este 2023.

El problema está en los, ya extendidos, "abonos fraudulentos". Son usuarios que abusan del sistema, adquieren asientos en trenes que al final no ocupan y, con ello, dejan a otros muchos usuarios sin la oportunidad de hacer ese viaje.

Las quejas de los usuarios se extendieron, y la respuesta del Gobierno fue imponer sanciones que impidieran más reservas fraudulentas. Quien las llevara a cabo, perdería su abono.

Mientras que Renfe lejos de endurecer las sanciones, ha flexibilizado esos controles desde el pasado viernes. Hasta ahora sancionaba -lo que hacía era retirar el abono y confiscar la fianza- a los usuarios que reservaban asientos, pero no se montaban en el tren. Además, les exigía que en caso de anular esa reserva, lo hicieran, como mínimo, dos horas antes de la salida del tren.

Ahora ese requisito desaparece, así que el margen para el fraude aumenta. Un usuario podría por ejemplo reservar tres horarios el mismo día, cancelarlos diez minutos antes y evitar las sanciones, porque oficialmente, no está haciendo un uso fraudulento del abono.

Esto lo que provoca -y lo que probablemente aumente a partir de ahora- es, en primer lugar, que los trenes que figuran como completos hasta última hora, vayan en realidad vacíos.

En segundo lugar, muchos usuarios que hacen un buen uso de esos abonos, no podrán comprar su billete porque los asientos están bloqueados hasta el último minuto. Muchos nos dicen incluso que están teniendo que recurrir a organizarse en coches para hacer esos trayectos. Es justo lo contrario que se pretendía con esta medida, que era favorecer el uso del transporte público.

¿Qué dice Renfe ante todas estas quejas? Pues asegura que este tipo de incidentes son "residuales". Tanto, dice, que se ha decidido volver a la situación antigua.

Solo un 0,2% de los usuarios, aseguran desde Renfe, está haciendo un mal uso de sus abonos. Renfe emitio más de medio millón de abonos en media distancia, así que estaríamos hablando de poco más de mil viajeros.

El problema claro es que muchos de estos fraudes, en realidad, no figuran como tal porque hablamos de usuarios que de forma muy hábil están esquivando el incumplimiento de las normas, con ello las sanciones.