La asociación mayoritaria de jueces rompe la unidad de acción en su negociación con el Gobierno

La segunda reunión del Gobierno con las asociaciones de jueces y fiscales ha terminado también sin acuerdo, a pesar de que el Gobierno ha aumentado la oferta económica hasta los 46,2 millones de euros para los más de 8.000 jueces y fiscales que hay en toda España. Además, ha cambiado los términos del reparto y ha ofrecido tres opciones a las asociaciones judiciales que reclamaban que la subida de salario fuera igual para todos y no superior para los jueces de base. La primera opción contempla un mayor aumento de sueldo para los que menos cobran, frente a los que más dinero perciben. La segunda, prácticamente iguala la subida a ambos colectivos y la tercera ofrece un poco más de dinero a la élite judicial que a los jueces y magistrados rasos. En total son subidas que van desde los 350 euros hasta los 490 euros. Esta propuesta se queda por debajo de las demandas de las asociaciones conservadoras que han convocado la huelga y que reclaman más de 500 euros de subida en las nóminas de jueces y fiscales. En concreto, la mayoritaria de la APM ha reclamado 74 millones de euros, casi el doble de lo que ofrece Justicia, mientras que la Asociación Francisco de Vitoria ha pedido 67 millones de euros. Las asociaciones progresistas de jueces y fiscales son partidarias de aceptar la propuesta del Gobierno. El resto de colectivos presentes en la reunión no ha puesto encima de la mesa ninguna cantidad.

Fuentes de la negociación han señalado a la Cadena SER que en esta segunda reunión se ha roto la unidad de acción de las siete asociaciones de jueces y fiscales ante estas demandas de las asociaciones conservadoras, advierten, tendrá que explicar a la carrera porque rechaza la propuesta del Gobierno. La APM no ha aclarado si someterá a votación de sus asociados la oferta del Gobierno.

La pérdida de poder adquisitivo

La oferta del departamento de Pilar Llop para subir el sueldo de jueces y fiscales supone recuperar un 7% del 20% de poder adquisitivo que han perdido desde el año 2008. Esta era el principal argumento de la comisión interasociativa para reclamar el aumento de salarios. A este 7% hay que añadir que el Gobierno ha acordado incrementos de salario para los empleados públicos entre los años 2022 y 2024 habrá aumentos en las remuneraciones de entre el 8% y el 9,5%. De esta forma, los jueces recuperarían un 16% del poder adquisitivo perdido.

La huelga está cada vez más cerca

La posición de máximos de la Asociación Profesional de la Magistratura y de la Asociación Francisco de Vitoria, las mayoritarias de la carrera, abona el camino a la huelga convocada a partir del próximo 16 de mayo. Las partes han vuelto a citarse este miércoles, aunque el acuerdo se antoja imposible. Las buenas sensaciones con las que acabó la primera reunión el miércoles pasado saltaron por las aires en menos de una semana y sin que ambas asociaciones hayan explicado el motivo. APM y Francisco de Vitoria mantienen la huelga a sabiendas de que no perderán sueldo, como ocurre con el resto de trabajadores cuando ejercitan ese derecho. La Audiencia Nacional dio la razón a los togados que hicieron la última huelga en la etapa de Dolores Delgado. Este tribunal dijo que el Ministerio de Justicia no tenía competencias para retirar el dinero a los juelguistas. Ni tenía competencia, ni hubo servicios mínimos que permitieran calcular el dinero que había que detraer de las nóminas. No los hubo porque el CGPJ se negó a fijarlos al señalar que los jueces no pueden ponerse en huelga porque son un Poder del Estado.