Justicia presenta su oferta a jueces y fiscales para evitar la huelga

Madrid

El Gobierno presenta este martes a las asociaciones de jueces y fiscales la oferta para convencerles de que no acudan a la huelga que convocaron tres colectivos de jueces y dos de fiscales. Después de cuatro reuniones, la oferta económica se mantuvo intacta y roza los casi 47 millones de euros para los más de 8.000 jueces y fiscales que hay en toda España, lo que supone unas subidas de 450 euros mensuales. Sin embargo, Justicia se comprometió en el último encuentro a proponer medidas para mejorar las condiciones de trabajo y a mantener abierta la mesa de retribuciones si conseguían sellar este primer acuerdo. Todas las asociaciones acordaron aplazar la huelga a la espera de conocer hoy la letra pequeña de esta oferta.

Las dos asociaciones judiciales mayoritarias reclaman subidas que están muy lejos de las que plantea el Gobierno, pero han dado una oportunidad al diálogo por responsabilidad. La APM pide incrementos en las nóminas de más de 700 euros al mes y la Asociación Francisco de Vitoria de casi 600 euros. Desde el Foro Judicial Independiente insisten en que el ánimo que les guía en esta negociación, y por el que han aceptado aplazar la huelga, es el que recogen sus estatutos. Defender los intereses profesionales de la carrera judicial y la independencia de jueces y magistrados sin adscripciones ni preferencias políticas e ideológicas. Su presidente, Fernando Portillo, reclama en la Cadena SER "un esfuerzo al Gobierno para evitar una huelga que ellos no quieren". En la misma línea se ha situado la Asociación de Fiscales. Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales aceptan el planteamiento del Gobierno y advierten de que las asociaciones que vayan a la huelga tendrán que levantarse de la mesa de negociación.

La pérdida de poder adquisitivo

La pérdida de un 20% del poder adquisitivo de jueces y fiscales en los últimos años es el principal argumento de la comisión interasociativa para convocar la huelga. La oferta del departamento de Pilar Llop supone recuperar un 7% de eses poder adquisitivo perdido. Algunas asociaciones piden elevar hasta el 9% esa cifra. A este 7% hay que añadir que el Gobierno ha acordado incrementos de salario para los empleados públicos entre los años 2022 y 2024 de entre el 8% y el 9,5%. De esta forma, los jueces recuperarían un 16% del poder adquisitivo perdido.