El Comité de Derechos Humanos de la ONU señala que España "violó" los derechos de Puigdemont

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dictaminado que el Estado español "violó" parte de los derechos del expresidente catalán Carles Puigdemont, por suspenderle de su cargo como diputado tras procesarlo por un delito de rebelión en la causa del "procés", sin que hubiera condena.

En su dictamen, el Comité resuelve así la queja que hace cinco años presentó el abogado británico Bem Emmerson, en nombre de Puigdemont, alegando que la justicia española había vulnerado los derechos políticos del expresidente catalán, quien fue suspendido como diputado junto a otros líderes del 'procés' después de que el juez Pablo Llarena lo procesara por rebelión.

Por el contrario, el dictamen descarta que se vulneraran los derechos del Puigdemont cuando se le impidió ser investido por el Parlament de forma telemática y recuerda que, "incluso eludido de la justicia", el expresident "pudo ejercer diversos derechos políticos fuera del territorio del Estado", incluyendo su candidatura como diputado autonómico con derecho a votar por delegación.

En sus conclusiones, el Comité de Derechos Humanos sostiene que España violó el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque la suspensión automática de Puigdemont como diputado a raíz del auto de procesamiento, sin que existiera condena, "no fue por motivos previstos en la legislación que sean razonables y objetivos".

Según el Comité, teniendo en cuenta que España ha reconocido su competencia para determinar si hubo o no violación del Pacto, se ha comprometido de esa manera a "garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos" en el mismo y a una "reparación efectiva".

Por ese motivo, insta a España a informarle, en un plazo de 180 días, de las "medidas que haya adoptado" para aplicar el dictamen, y le pide que publique y dé "amplia difusión" al informe del Comité. El dictamen sostiene que "una aplicación del derecho interno que resulte automáticamente en la suspensión de funciones de oficiales electos" por delitos basados en "hechos públicos y pacíficos", sin que exista una condena previa, "no puede considerarse que cumpla los requisitos de razonabilidad y objetividad exigidos".

Respecto a la fallida investidura telemática de Puigdemont, el Comité considera que, pese a que la pandemia de COVID ha permitido "determinadas excepciones a los supuestos de presencia física en órganos deliberativos e incluso jurisdiccionales", de ello no se deriva que "no sea esencial en determinados actos o que exista un derecho a estar exento de ese requisito".

Para el Comité, del hecho de que "una persona considere que la única manera de proteger determinados derechos sea permaneciendo fuera del territorio de un Estado parte, no se sigue que exista un derecho a ejercer determinados derechos políticos o un derecho de retorno para ejercerlos".

"Particularmente", añade el dictamen, "cuando el requisito de presencia física busca proteger derechos políticos de otros parlamentarios e, indirectamente, de su electorado". En un comunicado, la Oficina de Carles Puigdemont ha aplaudido el dictamen porque supone "la primera vez que Naciones Unidas defiende los derechos de un exiliado", dado que hasta ahora solo lo había hecho en el caso de los líderes independentistas que estuvieron presos por el 'procés'.

Puigdemont acusa a España de estar "muy lejos" de los estándares democráticos

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmado este jueves que España "está muy lejos" de cumplir los estándares democráticos "que se tienen que exigir a un país de la Unión Europea".

Así ha respondido Puigdemont a través de un vídeo en su cuenta de Twitter al hecho de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas haya dictaminado que el Estado español "violó" parte de sus derechos por haberle suspendido de su cargo como diputado tras procesarlo por un delito de rebelión en la causa del "procés", sin que hubiera condena.

Para Puigdemont, en España "no hay democracia plena" y ha sostenido que la única manera de prevenir que se violen sus derechos es estar fuera del Estado. El expresident ha señalado, no obstante, que "el núcleo duro que permite que se sigan vulnerando los derechos políticos" en España "se mantiene intacto": "Sería el momento de que no viole más", ha dicho.

"Un Estado de la Unión Europea es culpable según la ONU de violar un principio fundamental de un Estado democrático, ha resumido Puigdemont, que ha recordado que España asumirá la presidencia de la Unión Europea a finales de año. Para Puigdemont, esta condena representa "una decisión importantísima" porque por primera vez la ONU defiende "los derechos de una persona que está en el exilio".

Y supone, a su vez, "una mancha más" para España, que deberá asumir la Carta de Derechos Fundamentales y "dar lecciones a otros países" cuando tenga la presidencia europea mientras "acaba de ser condenada por violar derechos políticos".