El gobierno de Brasil estudia que la justicia de ese país intervenga por los insultos a Vinicius

Los insultos a Vinicius en Mestalla siguen estando en primera plana del debate mediático y político en Brasil, y en las últimas horas el propio gobierno brasileño ha reconocido que estudia que la justicia del país pueda tomar cartas en el asunto. Lo ha confirmado el ministro de Justicia del gobierno de Lula, Flávio Dino, quien ha confirmado que se está estudiando si se puede aplicar el principio de extraterritorialidad para actuar por un delito cometido contra un ciudadano brasileño en el extranjero.

Dino ha destacado la primera respuesta que ha realizado el Real Madrid, que ha denunciado los insultos ante la Fiscalía General del Estado, y ha añadido que "nuestro Código Penal prevé que en algunas situaciones excepcionales es posible aplicar la ley brasileña en caso de crímenes contra brasileños en el exterior". El ministro ha reconocido que es una solución de último recurso que aún se está estudiando, "pero es una solución que puede ser necesaria", ha concluido. Flávio Dino ha destacado que Vinicius ha sido insultado en reiteradas ocasiones y apela a que tanto las instituciones españolas como los organismos deportivos internacionales tomen "medidas efectivas".

Supuestos de actuación de la justicia brasileña

La ley brasileña avala la actuación de la justicia en el caso de delitos cometidos contra brasileños en el exterior en varios supuestos que incluyen atentados contra el presidente de la República, contra el patrimonio del Estado, en el caso de víctimas de genocidio o tortura y establece su aplicación con condiciones en delitos que "no sean considerados menores" en Brasil o que sean considerados como delitos también en el país donde se han cometido, supuestos en los que podría entrar el caso de Vinicius.

La ley establece posteriormente las condiciones de actuación de la justicia brasileña que se fundamentan principalmente en una posible petición de extradición de aquellos que cometan los delitos que se quieren juzgar. España y Brasil tienen un tratado de extradición vigente desde el año 1990, pero cuenta con una salvedad. La constitución brasileña establece en uno de los apartados de su artículo 5 la prohibición de extraditar a sus propios nacionales, por lo que España puede denegar, aplicando el principio de reciprocidad, la extradición de españoles a ese país.