Con la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 julio anunciada por Pedro Sánchez el lunes y la consiguiente disolución de las Cortes Generales, más de medio centenar de leyes, decretos e iniciativas parlamentarias que estaban pendientes de ser tramitadas y aprobadas por el Congreso de los Diputados y el Senado han quedado en el aire con el anticipado final de la legislatura. Más de 50 normas, presentadas como proyectos de ley por el Ejecutivo o iniciativas propuestas por los distintos grupos parlamentarios que forman la Cámara, quedarán ahora pendientes de aprobación hasta la próxima legislatura. Mientras que las Cortes estén disueltas y el Gobierno en funciones, la Diputación Permanente es el órgano que asume el poder legislativo durante el periodo electoral, aunque de forma limitada, con lo que puede convalidar o derogar decretos leyes provisionales procedentes del Consejo de Ministros, así como declarar un estado de alarma, de excepción o sitio. Asimismo, la Diputación Permanente es ahora el órgano encargado de acordar la aprobación o no de los decretos ley que estaban pendientes de ser convalidados en el momento de la convocatoria de elecciones. El único real decreto-ley en esta situación es el medidas urgentes para la sequía publicado por el BOE el pasado 11 de mayo. El decreto incluye un paquete de ayudas que alcanza los 2.190 millones de euros, de los que 784 se destinarán a paliar los efectos de la falta de agua en la agricultura y la ganadería. Contempla también medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, socio-laboral, hidráulico y en la Política Agraria Común (PAC), y establece nuevas medidas de protección para los trabajadores ante olas de calor, como la prohibición de desarrollar determinadas tareas en horas centrales cuando esté activada una alerta naranja o roja debido a altas temperaturas que haya sido emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Son miembros de la Diputación Permanente un mínimo de 21 diputados de todos los grupos parlamentarios presentes en la Cámara. Cada formación decide qué diputados le representará en el número de asientos que le corresponde proporcionalmente a su representación. El número de miembros lo establece la Mesa del Congreso y los plenos están presididos por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet Lamaña, del PSOE.Además, la Mesa debe elegir a dos vicepresidentes, que son el actual vicepresidente del Congreso, el también socialista Alfonso Gómez de Celis, y la popular Ana Pastor Julián, y un secretario primero, cargo que ocupa el morado Javier Sánchez Serna. Estos son los 65 diputados que «gobernarán» España hasta que se vuelvan a constituir las Cortes Generales el próximo 17 de agosto. 22 del grupo parlamentario del Partido Socialista (GS): 16 del grupo parlamentario del Partido Popular (GP) 6 del grupo parlamentario de Unidas Podemos (GCUP-EC-GC): 10 del grupo parlamentario de Vox (GVOX): 3 del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (GR): 2 del grupo parlamentario de Ciudadanos (GCs): 1 del grupo parlamentario de EH Bildu (GEHB): 1 del grupo parlamentario del PNV (GV): 2 del grupo parlamentario de la Izquierda Plural (GPlu): 2 del grupo parlamentario Mixto (GMix): Podemos ha decidido incluir a su secretaria general, Ione Belarra, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, como miembros suplentes de la Diputación Permanente, en sustitución de las diputadas moradas Sofía Fernández Castañón y Marisa Saavedra. Los socialistas, por su parte, han nombrado vocales suplentes en el órgano a la diputada y presidenta de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Zaida Cantera, y al diputado balear Pere Joan Pons Sampietro, que era hasta ahora portavoz en la Comisión Mixta para la Unión Europea, cubriendo así vacantes pendientes. El Partido Popular ha elegido al diputado lucense Joaquín María García Díez como miembro suplente.