El Gobierno considera "una vergüenza" el pacto del PP con un condenado por violencia de género en la Comunitat Valenciana
El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la tarifa PVPC, que será efectiva en 2024
CADENA SER
Madrid
Cuando varios miembros del Gobierno comparecían en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros se ha conocido el acuerdo del PP con Vox para gobernar en la Comunitat Valenciana. Un pacto que ha traído mucha controversia porque este mismo lunes el PP fijaba como una línea roja negociar con un condenado por violencia machista como es Carlos Flores, el número 1 del partido de Abascal en esa comunidad.
Lo cierto es que, a pesar de esas palabras rotundas de Borja Sémper, este martes el PP se ha sentado a negociar en una mesa donde estaba sentado Carlos Flores y se ha levantado de allí con acuerdo. Un hecho que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, calificaba de "vergüenza": "La violencia de género es algo sobre lo que no se puede frivolizar y no puede ser moneda de cambio para nada, tampoco para la configuración de un gobierno", ha sentenciado. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, también ha criticado las maniobras de "quienes predigan con una cosa y hacen la contraria", pensando en este caso que el PP pueda facilitar la alcaldía a Trías. "Que el PP pusiera un alcalde independentista me sorprendería mucho", ha subrayado.
Finalmente, Carlos Flores no formará parte del gobierno regional y será el número 1 de Vox por Valencia al Congreso en las próximas elecciones generales pero ha formado parte de la mesa negociadora hasta el último momento.
PP y Vox también han llegado a un acuerdo este martes para conformar el futuro gobierno en Elche. En ese municipio de Alicante, la lista más votada fue la del PSOE pero no sumaba con Compromís.
Reforma de la tarifa PVPC
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que contendrá la reforma de la tarifa regulada de la electricidad, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), con el objetivo de que sea efectivo a partir del 1 de enero de 2024. Así lo confirmó este lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien explicó que la reforma, que afecta a una tarifa que actualmente tienen unos ocho millones de consumidores, será “en línea” del trabajo realizado desde hace un año.
De esta manera, según indicó Ribera, la PVPC, tarifa que deben tener los acogidos al bono social, mantendrá los elementos del documento que salió a consulta pública incorporando las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), básicamente de carácter técnico.
La vicepresidenta destacó que la nueva tarifa permitirá reducir la alta volatilidad del PVPC en la actualidad al estar directamente indexada con el mercado mayorista de la electricidad, lo que genera “una gran inestabilidad que perjudica a los pequeños consumidores y a las familias”. En los más de seis meses entre su aprobación y su aplicación, las compañías eléctricas que ofrecen dicha tarifa deberán adaptar su operativa para poder aplicarla desde el próximo enero.
La nueva fórmula de cálculo del PVPC incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.
Antes del fuerte impacto alcista provocado por la guerra en Ucrania, el PVPC fue la opción más barata para los pequeños consumidores desde su creación en 2014. Sin embargo, su relación directa con los precios mayoristas a corto plazo provoca que sus variaciones sufran acusados picos y alzas que se trasladan automáticamente a las facturas finales.
Para evitar este efecto indeseado, el nuevo sistema reduce progresivamente la vinculación del PVPC al mercado diario teniendo en cuenta los precios más estables que ofrecen los mercados a plazo, donde se adquiere energía con antelación en distintos horizontes temporales futuros. En concreto, la propuesta inicial del Ministerio establecía que la oscilación de precios se reduce un tercio, pasando del 27% al 17% durante la jornada diaria, y del 23% al 16% en la media mensual durante el año completo.
Por otro lado, propuso que la proporción de vinculación con el precio del pool se vaya reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que éstos representen el 25% en 2023, el 40% en 2024 y el 55% en 2025. Estas referencias de precios a los mercados a plazo, a su vez, estará integrada por una cesta de indicadores con distinto horizonte temporal. Según la propuesta, el 10% correspondería al producto mensual, el 36% al producto trimestral y el 54% al producto anual.
Miles de millones de euros en infraestructuras ferroviarias
La portavoz ha detallado los miles de millones de euros que se van a destinar a infraestructuras ferroviarias, fundamentalmente, en la Comunidad de Madrid. Unos 500 millones de euros se van a destinar a una nueva estación pasante de Puerta de Atocha. También se creará una nueva estación en Parla, para la línea de cercanías C4. Además, entre otras cosas, se van a modernizar más de mil pasos a nivel por todo el país.
Preparando la Presidencia del Consejo de la UE
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha presentado ante sus compañeros los detalles de la Presidencia española del Consejo de la UE. "La voz de España se oirá con fuerza en Europa y en el mundo", señalaba el ministro que no ha dudado en decir que el continente atraviesa "el momento más convulso desde la caída del muro de Berlín".
Albares ha destacado también la participación todas las fuerzas políticas, las comunidades autónomas y la sociedad civil en la preparación de esta Presidencia, "incluyendo a youtubers y deportistas", y ha señalado que uno de los grandes desafíos de Europa es que "a paz regrese a Ucrania lo antes posible".
También ha subrayado la importancia de la próxima Cumbre UE y de Estados Latinoamericano (CELAC) de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Bruselas los días 17 y 18 de julio. Uno de los objetivos es que su presencia se quede para siempre en Europa.
En la línea de lo que dijo el presidente Pedro Sánchez, Albares ha insistido en que los fondos europeos pueden estar en riesgo si cambia la política económica tras el 23 de julio, además de sanciones a España.
