Acuerdos entre PP y Vox: 135 pactos, opacidad y abundante ideología de ultraderecha

Madrid

Tras las elecciones del 28 de mayo, el Partido Popular ha pactado con Vox la gobernabilidad en coalición de 135 ayuntamientos de toda España, 25 de ellos de más de 30.000 habitantes. Además, hasta el momento, también ha llegado a acuerdos en dos autonomías, la Comunitat Valenciana y Baleares. El análisis de las medidas incluidas en los documentos hechos públicos hasta la fecha revela hasta qué punto el PP está asumiendo el sesgo ideológico de la ultraderecha. A esto se suma una notable falta de transparencia, ya que son muchos los consistorios en los que —más allá del reparto de carteras, cargos y competencias— no se ha publicado el detalle de las medidas incluidas en esos acuerdos.

El pasado sábado, cinco capitales de provincia cambiaron de color político gracias a un acuerdo de Gobierno entre PP y Vox. Tres de Castilla-La Mancha (Toledo, Guadalajara y Ciudad Real) y dos de Castilla y León (Burgos y Valladolid). Cuatro días después, solo conocemos el detalle del acuerdo suscrito entre PP y Vox en Valladolid. El resto, aún no lo han hecho público. En Ciudad Real, por ejemplo, solo se ha explicitado que a la concejalía de Igualdad de Género le han quitado el apellido de "de género". En Guadalajara se observa el mismo patrón. Tampoco han revelado los términos de su acuerdo, pero la alcaldesa del PP, Ana Guarinos, asume ya que el eje estratégico es "la persona y la familia", terminología, por cierto, que Vox está utilizando en sus acuerdos por toda España.

Esto por lo que respecta a las capitales de provincia. En el resto de grandes ayuntamientos en los que los populares van a gobernar en coalición con los ultras, la situación es muy parecida. La gran mayoría revelan el reparto de carteras municipales y cargos, pero guardan silencio sobre todo lo demás. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, las dos ciudades más grandes, detrás de la capital, son Móstoles y Alcalá de Henares. Viven alrededor de 200.000 personas en cada una de ellas. Llevan desde el sábado gobernados por PP y Vox, pero se desconocen los términos de su acuerdo. En Cieza o Molina de Segura, en Murcia, sucede lo mismo. No se sabe qué medidas se han pactado. Tampoco en Talavera de la Reina, en Toledo. Y así sucede en casi toda la geografía española. La única salvedad de un gran ayuntamiento que ha publicado las medidas acordadas entre PP y Vox está en Elche, en Alicante. Allí sí han detallado las medidas.

Violencia intrafamiliar en lugar de violencia machista

El análisis de los acuerdos explicitados hasta la fecha (Comunidad Valenciana, Baleares, Valladolid o Elche) revelan hasta qué punto Vox ha impuesto al PP su sesgo ideológico. Es especialmente evidente en el caso de la violencia machista, salvo en Elche, donde no se hace ninguna alusión a esta lacra, ni se habla de violencia intrafamiliar. Sin embargo, en los acuerdos firmados en Valladolid, la Comunidad Valenciana y Baleares, sí se habla de violencia intrafamiliar. Además, en el caso de Baleares hay algo revelador. Se han plasmado una detrás de otra, en dos párrafos consecutivos, la posición de ambas formaciones en esta materia. El primero empieza así: "Se garantizará toda la asistencia, apoyo y lucha frente a la violencia contra las mujeres". Y dos líneas después, el siguiente párrafo comienza de la siguiente manera: "Se apoyará y asistirá a las víctimas de la violencia intrafamiliar, en especial a la que sufren las mujeres". Es fácil deducir, sin margen de error, quién ha escrito cada uno.

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Pero la imposición de los mantras de Vox no se reduce a la violencia machista. Se aprecia también en cuestiones medioambientales y de movilidad, por ejemplo. En Valladolid, PP y Vox dicen que "van a reducir al mínimo legal posible", es textual, la zona de bajas emisiones y que van a eliminar carriles bici por el centro de la ciudad. Algo, esto último, que también se va a hacer en Elche.

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Derecho a una educación libre de adoctrinamiento

En todos los acuerdos firmados entre PP y Vox hay referencias comunes a cuestiones muy agitadas por la extrema derecha. Por ejemplo, se habla del derecho a una educación libre de adoctrinamiento, dando por sentado que ahora se adoctrina a los niños en los colegios. También se anuncia la creación de "Oficinas de ayuda a personas que sufran 'okupaciones'". Así figura en el acuerdo de la Comunidad Valenciana, donde ha habido 420 denuncias por 'okupaciones' en el primer trimestre del año en toda la región, según datos del Ministerio del Interior. También figura en el acuerdo de Valladolid. En el caso de la capital castellano y leonesa, el dato es tan residual que ni figura en las estadísticas policiales. La Delegación del Gobierno sostiene que en el primer trimestre del año ha habido 20 denuncias por 'okupación' de viviendas en toda Castilla y León.

Y luego hay referencias explícitas a la defensa de la unidad de España tanto en la Comunidad Valenciana como en Baleares, en Elche se anuncia que se "eliminarán subvenciones a asociaciones que promuevan fines que vayan en contra de la Constitución" y en Valladolid también se anuncia el "apoyo a la creación de la escuela taurina" y la "eliminación de los atascos" -literal-, como si con los atascos se acabaran por decreto con un bando municipal.

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