Gobierno y taxistas ultiman una normativa exprés para limitar los VTC

Madrid

El Ministerio de Transportes y las principales asociaciones de taxis, Antaxi y Élite Taxi, están a las puertas de cerrar un acuerdo para sacar adelante una nueva normativa que limite la emisión de nuevas licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Según confirman fuentes de la negociación a la SER, "hay buena voluntad por ambas partes", aunque todavía quedan asuntos por pulir en la reunión prevista para esta tarde.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea -que aunque tumbó la ratio de un VTC por cada 30 taxis, no cerró la puerta a limitar licencias-, ha marcado el último tramo de las negociaciones. Desde Antaxi aseguran que el acuerdo aún no está cerrado y que todavía quedan "muchos asuntos por pulir" para que el texto final sea "equitativo" y aporte "seguridad y garantía jurídica".

Tras reunirse este martes, a las tres de la tarde está previsto un nuevo encuentro para sellar una normativa de marco estatal. En todo caso, recuerdan desde el Gobierno, el impacto sobre las regulaciones vigentes en ciudades y autonomías limitado.

Las competencias de la Administración General del Estado sólo pueden comprender el transporte interurbano, así que en el ámbito urbano son las CCAA y ayuntamientos quienes deben regular las condiciones para autorizar la circulación de las VTC.

La patronal del taxi pide auxilio a Bruselas

Por su parte, las patronales de los VTC, Feneval y Unauto, han mostrado ante Bruselas su "preocupación" por el cumplimiento de la sentencia europea en la normativa que finalmente salga adelante.

"Entendemos que tal ley tendría como objetivo mitigar los efectos de la sentencia del TJUE, ya sea directamente, o permitiendo que las autoridades regionales y municipales españolas lo hagan", señalan en una carta conjunta remitida esta mañana a la Comisión Europea.

El sector VTC considera que podría quedar "en una clara situación de indefensión" con la nueva norma y denuncia ante el ejecutivo Comunitario que no se les ha escuchado ni se les ha recibido, aunque legalmente no hay obligación de hacerlo.