El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha revocado este viernes el programa impulsado por el presidente del país, Joe Biden, para aliviar la deuda contraída por los estudiantes universitarios al considerar que se trata de un abuso de sus poderes sin el permiso del Congreso. El dictamen, por seis votos a favor frente a tres en contra, en línea con la mayoría conservadora del tribunal, representa un mazazo para una de las principales iniciativas educativas de la Casa Blanca; una de la que se habrían aprovechado unos 43 millones de estadounidenses. Biden ha indicado en un comunicado publicado por la Casa Blanca que la decisión del Supremo es «decepcionante» y «errónea», si bien no se detendrá hasta encontrar «otras formas de brindar cierto alivio económico a las familias trabajadoras de clase media». «La hipocresía de los funcionarios republicanos es asombrosa. No tuvieron ningún problema con los miles de millones en préstamos a empresas durante la pandemia (...) pero cuando se trata de brindar cierto alivio a millones de trabajadores estadounidenses, hacen todo lo posible para detener el proceso», ha asegurado. El mandatario estadounidense ha resaltado que el 90 por ciento de los beneficiados por el programa de la deuda ganan menos de 75.000 dólares al año. «Daré más detalles sobre todo lo que mi Administración ha hecho para ayudar a los estudiantes y los próximos pasos que tomará mi Administración al respecto», ha asegurado. Una de estas medidas podría ser la planteada este viernes por la congresista progresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien ha avisado tras conocer el dictamen que el veredicto «no incapacita a Biden para seguir con nuevas iniciativas para aliviar la deuda» y ha recomendado al presidente que recurra a la llamada Ley de Educación Superior, un marco legal que podría facilitar estas exenciones a los estudiantes. El plan, que capacitaba a los afectados para cancelar hasta 20.000 dólares de deuda por estudios y que habría costado más de 400.000 millones de dólares (unos 360.000 millones de euros) a las arcas del estado, llevaba bloqueado temporalmente desde octubre del año pasado por orden de un tribunal de apelaciones. «Estamos hablando de una subvención de 400.000 millones de dólares que contraviene a la autoridad de apropiaciones del Congreso», señaló en febrero el juez del Supremo Clarence Thomas en una opinión al respecto de la mayoría conservadora del tribunal. En la opinión minoritaria, la magistrada Elena Kagan recuerda que el Congreso concedió al Departamento de Educación amplios poderes para actuar en el caso de emergencia, como la Casa Blanca entiende la crisis de deuda de los estudiantes, y asegura que el Supremo ha realizado una interpretación «antinatural» de la realidad. Todo ello, ha añadido Kagan, con el objetivo de «hacerse pasar por el Congreso y por el Ejecutivo para dictar una política nacional con un dictamen basado en sus propias políticas y preferencias». Asimismo, Kagan también pone en entredicho la invocación que ha hecho la mayoría conservadora del Supremo de la llamada «doctrina sobre cuestiones de envergadura»; un «invento» al que están recurriendo los jueces conservadores para oponerse a cualquier iniciativa que el Congreso de Estados Unidos no haya apoyado explícitamente. «Están pidiendo al Congreso», ha aducido Kagan a este respecto, «que no solo actúe con claridad, sino que lo haga de manera microespecífica». El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció este viernes un plan B para perdonar los préstamos a millones de universitarios del país después del varapalo del Tribunal Supremo que tumbó su programa estrella para cancelar parte de la deuda estudiantil. «Esta nueva vía tomará más tiempo, pero en mi opinión es la mejor ruta que queda», declaró el mandatario en una comparecencia ante los medios de comunicación en la Casa Blanca junto al secretario de Educación, Miguel Cardona. Biden detalló que su Gobierno utilizará la Ley de Educación Superior para cancelar y reducir la deuda «bajo ciertas circunstancias» a «tantos deudores como sea posible y lo más rápido posible». También se pondrá en marcha un nuevo plan de pagos en función de los ingresos que reducirá la cantidad que cada persona debe pagar de forma mensual y que permitirá ahorrar 1.000 dólares anuales a la mayoría de deudores. A continuación, afirma que su gobierno implementará una segunda medida de apoyo temporal para evitar las repercusiones ante las dificultades de pago de los estudiantes: «Estamos creando un on ramp temporal de 12 meses para el pago. Esto no es lo mismo que la pausa del préstamo estudiantil, pero durante este periodo, si no realizáis los pagos, este on ramp eliminará temporalmente la amenaza de incumplimiento de pago, o de dañar vuestro crédito. Esta lucha no ha terminado», finaliza Joe Biden.