Violencia machista, Memoria Histórica, cambio climático... Las cesiones del PP en sus pactos con Vox en Baleares, Extremadura y Comunitat Valenciana

Madrid

A pesar de que durante la campaña del 28-M los candidatos autonómicos del PP respondían con un "mi objetivo es la mayoría absoluta" a la pregunta '¿pactará usted con Vox para llegar al poder?', la realidad ha evidenciado que esas seis palabras se pueden resumir en una: 'Sí'. Allí donde los populares y la extrema derecha han sumado más representantes que los del bloque de izquierda, se han unido para formar gobierno. Incluso en regiones donde ni PP ni Vox fueron primera fuerza, como es el caso de Extremadura. De cara a las elecciones generales, Feijóo mantiene por el momento la misma posición de no aclarar si Santiago Abascal será su vicepresidente.

Así, la coalición PP-Vox que gobierna desde abril de 2022 en Castilla y León, se ha repetido en los ejecutivos regionales de la Comunitat Valenciana, Extremadura y las Islas Baleares. Si bien en el archipiélago la extrema derecha no tiene Consejerías a su cargo, el acuerdo programático entre ambas formaciones incluye muchos aspectos que figuran en el programa de Vox y no en el del PP. En las otras dos regiones, los diputados autonómicos del partido de Abascal cuentan con Consejerías relevantes.

Los pactos firmados tras el 28-M no son todos iguales, pero sí guardan una serie de similitudes ideológicas que hasta ahora el PP solo había asumido en su acuerdo en Castilla y León. Estas incluso han generado malestar en algunos sectores del partido. El pacto firmado en Valencia cuenta con 50 puntos, mientras que en el caso del extremeño son 60 y en el de las islas baleares, 110. Sin embargo, en todos se hace algún tipo de referencia a la violencia machista, la ley de Memoria Democrática o medidas relacionadas con la prevención del cambio climático. A todo ello se le debe añadir la negativa de colgar banderas LGTBI en los consistorios y la persecución de aquellos ediles que sí lo hagan, como el caso de Castilla y León.

Violencia machista

Este ha sido uno de los aspectos que más ha desgastado la imagen de los populares tras sus pactos con la ultraderecha. En Valencia, donde llegaron a un pacto muy rápidamente, Carlos Mazón asumió la petición de Vox de cambiar el concepto de "violencia machista" por el de "violencia intrafamiliar". Todo ello aliñado con responsables de Vox negando de forma rotunda ante los medios la existencia de la primera, hasta el punto que Feijóo se vio obligado a salir al paso a decir que sí existe y justificando su ausencia en el texto del pacto valenciano debido a que "es una obviedad".

Tras el revuelo formado en la región levantina, fue el turno de Baleares. La necesaria abstención de Vox fue intercambiada por la introducción del término "violencia intrafamiliar", pero con la novedad de que, en vez de hablar de "violencia machista", figura el término "violencia contra la mujer" a la hora de hablar de las "políticas sociales y familia". También se trabajará en Baleares para "erradicar los discursos machistas".

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Por último, en Extremadura se comprometen a defender los derechos de las familias, erradicando "los discursos machistas, ya sean en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer". Lejos quedan ya las palabras de la futura presidenta extremeña, que aseguró que no podía "dejar entrar" en su "Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista".

Derechos LGTBI

En su guerra ideológica, Vox ha fijado como uno de sus enemigos al "lobby LGTBI", sin llegar a concretar nunca a qué se refieren. Sin embargo, en el acuerdo firmado con el PP en Baleares se especifica que la eliminación de la ley Trans autonómica, una medida no incluida en el programa popular. Su intención es establecer limitaciones como el acceso de mujeres trans a ámbitos de intimidad destinados a mujeres, como vestuarios y baños.

En el caso de Valencia, se habla de "reforzar la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza sacando la ideología de las aulas", en referencia implícita a los contenidos sobre derechos LGTBI, la prevención de la LGTBfobia, la promoción de la igualdad de género, la concienciación respecto al cambio climático o al consumo responsable, que aparecen de forma expresa en el currículo educativo actual.

Memoria Histórica

En Baleares, el acuerdo entre los de Feijóo y los de Abascal también pretenden derogar la ley 2/2018, de memoria y reconocimiento democráticos de las Islas Baleares. De esta forma, buscarán "la reconciliación, evitando la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento civil".

Por su parte, en la Comunitat Valenciana el texto pactado asegura que derogará las normas que "atacan la reconciliación en los asuntos históricos", para garantizar "la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos", en referencia a la Ley de Memoria democrática aprobado por el anterior Govern. En el pacto de Extremadura, una de las medidas también es la derogación de la ley de Memoria histórica regional de 2018.

Cambio climático

Por otro lado, el negacionismo del cambio climático de Vox se ha impuesto también en los acuerdos con el PP. En el pacto valenciano, no se hace ninguna mención expresa a este problema global ni tampoco se acuerda tomar ninguna medida para frenarlo. Es más, se comprometen a defender el trasvase Tajo-Segura (recortado por el Gobierno central aplicando varias sentencias del Tribunal Supremo), ampliar regadíos y respaldar los productos agrícolas valencianos "frente a la competencia desleal de terceros países".

En Extremadura han acordado solicitar "una revisión de las políticas verdes y la PAC para evitar las pérdidas de producción y el sobrecoste que soportan nuestros productores" y "eliminar cualquier traba burocrática o legislativa en materia climática que afecte a la prosperidad del campo o la libertad de los extremeños". Por su parte, en Baleares defenderán "la caza compatible con la conservación del medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad", se aprobará una ley de costas "para garantizar la compatibilidad de las actividades económicas sostenibles ya existentes y necesariamente ligadas al litoral, como restaurantes de playa o chiringuitos".