Contra el catalán

Barcelona

¿Cómo nos comunicamos con el médico que nos cura, o con el juez que nos juzga? ¿En nuestro idioma, o bien en inglés o alemán? Es una pregunta interesante, porque el anticatalanismo lingüistico vuelve ahora a sacar la patita. En su discurso de investidura, la candidata del PP-Vox a la presidencia de las islas Baleares, Marga Prohens, ha vuelto a comprometerse en que liderará la involución del plurilingüismo. Concretamente, de una de sus dos patas, la del catalán, en sus distintas variantes baleares: una pata esencial, por tanto, porque el bilingüismo, como su nombre indica, camina sobre dos patas. Pues bien, el compromiso de la aspirante a nueva presidenta consiste en que "el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública". ¿Parece que suena bien? Pues suena muy mal cuando se traduce: no se le exigirá como requisito para ser funcionario, solo contará como un punto a favor. ¿Sólo? Pero ¿qué es esta broma?

Esta propuesta ni es igualitaria, ni equidistante, ni natural. Es un disparate. Los funcionarios que atienden en persona a los ciudadanos en los territorios bilingües y en los que dos lenguas son cooficiales deben estar preparados para hacerlo en ambos idiomas. Porque quien manda en una relación entre la Administración y el contribuyente es este último. Hay que garantizar el derecho de todo ciudadano balear, valenciano o catalán (o gallego o vasco) a ser atendido pública y oficialmente en su idioma. Es lo que se intentaba hacer en los últimos tiempos, quizá en modo mejorable. Para ello es imprescindible que el empleado público acredite conocimiento suficiente de ambos idiomas. Porque si no, discriminará, aunque no sea su intención, a quienes se acerquen a él hablando en el otro. Esta norma debería ser aplicable universalmente: a médicos y recepcionistas, a profesores y militares, a abogados del estado y a jueces. A todos, aunque les cueste un poquito de esfuerzo. Atención, a todos los que atiendan al público. No necesariamente a quienes estén en las oficinas internas.

La función pública va de que los derechos de los ciudadanos sean de cumplimiento obligatorio por los funcionarios. Si tienen derecho a usar su lengua, se les debe servir en su lengua. No es al revés. El ciudadano no debe nada al funcionario. Salvo el respeto y el sueldo.