Más de 160 periodistas instan al Consejo del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado a defender el Derecho a la Información

MADRID

Más de 160 periodistas han suscrito sendos escritos de rechazo a la condena que la Audiencia de Huelva ha impuesto a una antigua periodista del diario Huelva Información por un delito de revelación de secretos por las informaciones que publicó sobre el sumario del asesinato de la profesora Laura Luelmo en 2018. Los documentos se han presentado en el Registro del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado y van dirigidos al presidente en funciones del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, y al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

Los firmantes reclaman una reacción de ambas instituciones debido a la "preocupación por las consecuencias que para el derecho a la información de los ciudadanos pueden tener el contenido y el fallo de la sentencia". A juicio de estos más de 160 profesionales de la información la sentencia entra a juzgar ciertos datos -siempre veraces- difundidos en las informaciones para calificarlos de “innecesarios e irrelevantes para el interés público” o considerar que “exceden de lo que puede esperar la población en general” a la vista de los “detalles” que se proporcionan. Los jueces hacen estas afirmaciones sin una sola motivación que justifique en qué se basan para determinar "lo que puede esperar la población en general” de las informaciones periodísticas sobre los crímenes más graves que impactan, con lógica preocupación, en la ciudadanía. Es "motivo de inquietud", continúa el escrito, "que los jueces decidan qué es o no noticiable", sin explicar los criterios en los que basan sus decisiones. Y ello es así porque "que la aplicación del Código Penal dependa de lo que cada juez entienda por excesivo, innecesario o irrelevante en términos informativos, sin justificar por qué, sume el ejercicio del derecho fundamental a la información en la mayor incertidumbre" y genera un "efecto desaliento" en la profesión y en sus profesionales en perjuicio del ciudadano que es el principal beneficiario del derecho a la información.

Los periodistas de tribunales, concluye, "decidimos lo que publicamos conforme al derecho de los ciudadanos a la información, el interés periodístico, la autonomía editorial y el compromiso con la audiencia de cada medio. Sustituir esos criterios, de profunda raigambre en el oficio, por la particular percepción de cada juez sobre lo que es o no "necesario" o "excesivo" en una noticia, sin evaluar en ningún momento las reglas del periodismo y, sobre todo, recurriendo como desproporcionado castigo al máximo poder penal del Estado -la cárcel- nos parece muy grave a estas alturas de desarrollo de los derechos fundamentales que garantiza nuestra Constitución". Y eso lo hacemos teniendo en cuenta que "la intimidad es uno de los límites a la libertad de información. No justificamos el amarillismo ni las invasiones de la intimidad que no tengan una estricta motivación periodística. No todo vale en nuestro oficio".

Los escritos han sido impulsados y elaborados por los profesionales de los medios de comunicación que cubren la información judicial en Madrid y al mismo se han ido sumando periodistas de otras áreas. Es el caso del premio Planeta, Maruja Torres, o del periodista de investigación del New York Times José Bautista. Suscriben el texto también compañeros ya jubilados que han hecho historia en el periodismo judicial. Es el caso de Txetxo Yoldi, Javier Álvarez o el primer director de comunicación del Poder Judicial, Agustín Zurita.